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La política cobra relevancia tras el caso de la avenida José Contreras, donde el Estado quedó obligado a pagar RD$2,693.9 millones luego de que su recurso de casación pereciera por inactividad procesal
El director de la entidad, Rafael Burgos, asegura que la nueva política incluye consecuencias inmediatas para los abogados que dejan perder procesos por falta de diligencias. «El abogado que coge un defecto en los tribunales se va para su casa automáticamente y es sometido también por posible daño al Estado dominicano», afirmó.
Sus declaraciones se producen después de la reciente derrota de Bienes Nacionales en el litigio por los terrenos de la avenida José Contreras, que dejó al Estado obligado a pagar 2,693.9 millones de pesos a sucesores de la familia Peynado. El recurso de casación con el que la institución intentaba cuestionar esa condena pereció luego de tres años sin que se realizara una actuación procesal requerida.
Burgos sostiene, sin embargo, que su gestión recibió ese expediente cuando estaba prácticamente perdido y que intentó recuperar las posibilidades jurídicas que todavía quedaban.
«Encontramos el camino a un noventa por ciento. En ese noventa por ciento estaba afectando al Estado dominicano. Ya quisimos recuperar ese diez por ciento, ya el daño estaba hecho», expresó.
Una defensa judicial más estricta
El funcionario enmarca los cambios en el departamento jurídico dentro de una reorganización más amplia del manejo del patrimonio estatal, especialmente de las tierras que estuvieron durante décadas bajo administración del antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Burgos ha denunciado anteriormente que entre 2000 y 2020 el Estado perdió o manejó de manera incorrecta más de dos millones de tareas y que una parte considerable terminó en manos privadas mediante ventas a precios que calificó de irrisorios. También describió al antiguo CEA como un «mercado persa» y dijo haber encontrado estructuras dedicadas a negociar irregularmente terrenos públicos.
Según el director, los problemas alcanzaban también la defensa del Estado en los tribunales. En la entrevista aseguró que anteriormente numerosos expedientes estaban prácticamente abandonados y que su gestión estableció un control de los procesos judiciales en todo el país.
«Esta gestión sí recuperó la soberanía en los tribunales, en todos los tribunales del país», sostuvo, al señalar que anteriormente no se daba, a su juicio, suficiente importancia a la defensa del patrimonio público.
Burgos dijo además que, como parte de la depuración realizada al asumir, fueron desvinculados alrededor de 200 abogados. Acusó a parte del personal jurídico que encontró en la institución de formar parte de prácticas que perjudicaban los intereses estatales y afirmó que algunos llegaban a «venderse» en los procesos que debían defender.
La política actual, sostuvo, busca impedir precisamente que un expediente se pierda por incumplimientos atribuibles a los representantes de la institución.
Las sentencias gananciosas
Para sustentar la mejoría que asegura haber conseguido en los tribunales, Bienes Nacionales entregó a Diario Libre una selección de seis fallos favorables emitidos en 2025 y 2026 en litigios sobre terrenos y reclamaciones contra el Estado.
Los montos involucrados en esas decisiones suman 3,908.7 millones de pesos. Entre los documentos suministrados figuran decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en las que Bienes Nacionales aparece como demandado, recurrido o recurrente y obtiene resultados favorables frente a reclamaciones relacionadas principalmente con terrenos y justiprecios.
El contraste de la José Contreras
El conflicto en la José Contreras tiene su origen en terrenos expropiados durante el gobierno de Joaquín Balaguer para obras en esa avenida y para la construcción de soluciones habitacionales destinadas a personas desplazadas de la zona. Décadas después, sucesores de la familia Peynado acudieron a los tribunales en reclamo del justiprecio.
En febrero de 2022, el TSA ordenó al Estado, a través de Bienes Nacionales, pagar 2,693,994,196.50 pesos por 117,937.80 metros cuadrados ubicados en tres parcelas del Distrito Nacional.
Bienes Nacionales cuestionó la valoración y llevó el caso a casación. Sin embargo, tres de los recurridos no depositaron su memorial de defensa y correspondía entonces a la institución impulsar la actuación procesal correspondiente. Transcurrieron tres años sin que solicitara el defecto, por lo que la Suprema declaró perimido el recurso.
La gestión de Burgos acudió posteriormente al Tribunal Constitucional (TC) alegando, entre otros aspectos, que la aplicación de esas reglas procesales había sido excesivamente formalista. El TC rechazó esa posición y confirmó la decisión que dejó extinguido el recurso de casación.
Burgos insiste en que la actual administración intentó rescatar un proceso cuyo deterioro provenía de años anteriores. «Yo no puedo responder lo que hicieron las gestiones del pasado«, afirmó, aunque defendió que su equipo realizó «todo ese esfuerzo» para impedir que el litigio concluyera de esa manera.
También calificó de injusto el monto establecido y reconoció que los propietarios deben recibir el pago correspondiente, pero sostuvo que debe tratarse de un «precio justo».
Ante la pregunta de qué hará ahora la institución frente a la obligación de pago, respondió: «En su momento nos sentaremos a negociar«.
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