Las iniciativas fueron recogidas en el Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, coordinado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), a partir de una investigación realizada mediante un convenio de asistencia técnica con la Junta Central Electoral (JCE).

El estudio identificó que el crecimiento de la abstención electoral responde a una combinación de factores políticos, económicos y logísticos que dificultan o desincentivan la participación. Frente a ese diagnóstico, representantes de partidos políticos entrevistados plantearon distintas medidas para estimular el voto, aunque el informe no precisa qué organización formuló cada propuesta.

Entre los llamados «incentivos ciudadanos«, se plantea aplicar descuentos en tasas de servicios oficiales como pasaportes, licencias de conducir y certificaciones del estado civil para quienes ejerzan el voto.

También se propone considerar facilidades o prioridad para los ciudadanos que voten en programas de asistencia social y becas, además de medidas para reducir los costos de desplazamiento, como permitir el tránsito gratuito por los peajes durante la jornada electoral.

Las propuestas parten de la idea de que para algunos ciudadanos acudir a votar implica costos de transporte, tiempo y otras dificultades materiales que pueden convertirse en obstáculos para ejercer el sufragio.

Volver a considerar el voto electrónico

Pero las recomendaciones partidarias van más allá de los incentivos. El estudio recoge también la propuesta de avanzar nuevamente hacia modelos de voto electrónico, de manera gradual, auditable y consensuada, comenzando mediante planes piloto en demarcaciones que cuenten con las condiciones necesarias.

Asimismo, se plantea profundizar la transmisión digital de los resultados directamente desde los colegios electorales para reducir el manejo manual de las actas.

La propuesta resulta particularmente relevante por el antecedente de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, que fueron suspendidas en todo el país luego de que se detectaran problemas en las boletas del sistema de voto automatizado.

La propia JCE explicó entonces que numerosas máquinas habían cargado de manera incompleta la oferta electoral. Una auditoría posterior de la Organización de los Estados Americanos (OEA) atribuyó el fallo a deficiencias en la gestión informática, incluido un defecto en el software de personalización y la falta de mecanismos adecuados para detectar el problema, sin encontrar evidencias de sabotaje o fraude.

Dos años después, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo 99 de la anterior Ley 15-19, que facultaba a la JCE para gestionar la automatización progresiva del proceso de votación.

La decisión, contenida en la sentencia TC/0484/22, cuestionó que el legislador había delegado en la JCE la regulación de una materia vinculada al derecho fundamental al sufragio sin establecer un modelo concreto ni las garantías necesarias para preservar su contenido esencial.

Para las elecciones de 2024, la JCE mantuvo la votación y el escrutinio manuales, acompañados por equipos destinados a digitalizar, escanear y transmitir los resultados desde los colegios electorales.

Otras propuestas

Los representantes de partidos consultados también sugirieron entregar duplicados gratuitos de cédulas durante el mes anterior a las elecciones, como mecanismo para neutralizar la práctica de retener documentos de identidad a cambio de dinero o bajo presión política.

Entre las recomendaciones figuran además permitir la grabación del escrutinio bajo protocolos oficiales, fortalecer la fiscalización del uso de recursos estatales con fines proselitistas, garantizar mayor equidad en el acceso a los medios y promover la alternancia en las direcciones de los partidos.

Estas ideas forman parte de las alternativas recogidas por los investigadores ante una abstención que llegó al 45.6 % en las elecciones presidenciales de 2024..