Los miembros de la Asociación de Comercios de la Avenida Duarte (Asoduarte), en su mayoría pertenecientes a la segunda generación de propietarios, recuerdan aquella época. Sus familiares, casi todos migrantes, levantaron negocios que todavía permanecen en la zona.

Pero de aquella Duarte queda poco.

Para los comerciantes agrupados en Asoduarte, el problema actual no es que llegara una nueva nacionalidad a esa zona. Su principal cuestionamiento es otro. Consideran que el Estado no supo administrar ni regular el crecimiento del comercio chino en el país.

Adaptarse o desaparecer

Los vendedores sitúan el inicio de esta transformación en el 2018, con la llegada de nacionales chinos que abrieron nuevas tiendas.

«En un inicio, éramos 116 integrantes. Hoy día, quedamos 15. Lo demás es todo comercio chino«, observa José Luis García, representante de la entidad.

Asoduarte reúne a propietarios de negocios de diferentes tamaños y tipos de mercancías. Para pertenecer a la organización se debe ser dueño de una tienda y tener más de cinco años dentro de la avenida. Incluso cuentan con asociados establecidos en calles perpendiculares a la Duarte.

Antes hubo locales chinos dentro de la asociación. Hoy solo queda uno.

Los comerciantes explican que una de las dificultades para aceptar a algunos de estos negocios es que funcionan en locales alquilados y cambian de nombre con frecuencia. Por ende, no poseen un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) fijo.

Para José Luis García, miembro, la llegada de tiendas con propietarios chinos dinamizó la avenida. Los comerciantes tradicionales, afirma, tuvieron que adaptarse. «Los que quedamos todavía seguimos trabajando«.

Sin embargo, esa adaptación convive con una percepción de desigualdad frente a las instituciones del Estado.

Reglas

El grupo sostiene que todos los establecimientos deben cumplir las mismas obligaciones. Desde el proceso de importación y el pago de impuestos hasta la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la empleomanía y el cumplimiento del reglamento 80/20, que exige que al menos el 80 % de los trabajadores sean dominicanos.

Su cuestionamiento surge porque, a pesar de las denuncias y de situaciones que consideran visibles, algunos establecimientos que, según ellos, incumplen las regulaciones permanecen abiertos.

«O se regularizaron o llegaron a algún tipo de acuerdo para abrir o seguir trabajando«, alerta Robert Fernández, otro miembro del grupo.

El planteamiento de los comerciantes coincide con otro aspecto. La forma en que ingresan las mercancías al país.

Competencia

Hace unos días, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno supervisa a las empresas chinas dedicadas al comercio en la República Dominicana y que las autoridades revisan las declaraciones que realizan ante Aduanas sobre mercancías importadas.

Para los comerciantes, uno de los principales problemas comienza en la importación. Denuncian que mientras a los negocios tradicionales les verifican minuciosamente los furgones en Aduanas, a otros competidores les ingresan contenedores cerrados sin abrir.

Según afirman, esto facilita la subvaluación de mercancías y la entrada de artículos falsificados de marca.

Juan Luis Santos advierte que la venta de productos falsificados también incide en lo que consideran competencia desleal. «La profundidad del daño que eso genera es más grave de lo que uno piensa porque no solo nos afecta a nosotros, sino a las marcas dominicanas y fabricantes locales».

También cuestionan la utilización de distintos registros para operar negocios.

Mientras las tiendas tradicionales conservan el mismo RNC desde sus inicios, algunas con más de 70 años de trayectoria, señalan que muchos negocios de orientales desaparecen antes del año para abrir con un RNC nuevo, evadiendo así el año fiscal.

También mencionan diferencias en el uso de medios de pago y equipos como impresoras fiscales.

«Las tarjetas de crédito, todos los negocios las tienen que coger. Pero a mi [tienda] entran diciendo: ´¿Usted no coge tarjeta de crédito?´. Yo me quedo sorprendido. En este año que estamos, en el 2026, negocio que no coge tarjeta de crédito hoy día, ¿qué está pasando?», refiere José Luis García.

Espera

Asoduarte recuerda que años atrás le convocaron a una reunión por el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes. De aquel encuentro surgieron mesas redondas en las que participaron comerciantes de distintos sectores, además de la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, el Instituto Dominicano de Formación Técnico Profesional (Infotep) y varios departamentos del Estado.

Se realizaron tres o cuatro reuniones, pero, según los comerciantes, no produjeron resultados.

«Nos quedamos esperando. Ya es tarde. Seis años después. ¿Qué hacemos? Y nosotros todavía estamos luchando«, reconoce uno de los integrantes.

¿Más barato?

Para Robert Fernández, otro miembro, la diferencia de precios no puede analizarse desde un solo factor. Según explica, algunos productos tienen una calidad inferior, aunque parezcan iguales.

El segundo factor, explica, tiene que ver con las aduanas. Según los comerciantes, al no pagar los impuestos correspondientes —como el 20 % de arancel, el 20 % de impuesto selectivo y el Itbis—, estos negocios alcanzan una reducción de hasta un 58 % en el costo real de la mercancía frente a quienes sí cumplen la ley. A esto agregan los costos laborales.

Fernández sostiene que un negocio que cumple con las obligaciones legales debe asumir el salario mínimo correspondiente para sus trabajadores dominicanos y para los extranjeros que cuentan con documentación para trabajar.

«Si no estamos iguales, pueden hacer ese movimiento de aparentar ser más económicos que el resto de los comercios», dice.

Tamaños

Los comerciantes señalan otro mecanismo que, según opinan, reduce costos: registrar cada sucursal de una misma cadena bajo un RNC diferente.

Según detallan, esto permitiría que establecimientos pertenecientes a un mismo grupo operen como microempresas y eviten las condiciones salariales correspondientes a empresas medianas o grandes, que aplican a partir de los 50 empleados.

«Una sucursal tiene 40 empleados, pero la otra sucursal, siendo la misma, tiene otro RNC con 40 empleados. Entonces, no llega al límite de 50, pero si lo juntan pueden tener 200, 300 empleados«.

Asoduarte rechaza que sus reclamos respondan al interés de convertirse en los únicos actores del mercado. La competencia, comentan, también los llevó a trabajar con márgenes cada vez más reducidos.

Sobrevivir

La respuesta de Asoduarte también consistió en buscar nuevos mercados de importación.

Debido a las dificultades y el caos en China durante la pandemia del COVID-19, muchos importadores comenzaron a abastecerse en la India e Indonesia.

La estrategia les permite diferenciarse del comercio chino, que, según señalan, solo trae productos de su propio país. De esa manera, ofrecen una oferta distinta y de mayor calidad, incluso si para hacerlo sacrifican parte de sus márgenes de ganancia.

Para Fernández, el conflicto no debe plantearse como una confrontación entre dominicanos y chinos.

«No creemos que sea un tema de los comerciantes de República Dominicana contra los chinos. Vemos prácticas que están manejando o las manejaron en otros países porque si no, no hicieran el ruido que hacen».

El vendedor cita a otros países de la región como ejemplos de lugares donde, según su percepción, la llegada del comercio chino también generó cuestionamientos.

También sostiene que antes de llegar aquí estos comerciantes salieron de Ecuador y Chile, donde, según afirma, los gobiernos lograron que solo permanecieran quienes cumplían con las leyes.

Para Asoduarte, la responsabilidad principal recae en el Estado. La entidad plantea que este debe ser el 95 % regulador y que el 5 % restante corresponde a los comerciantes, quienes deben encargarse de buscar diferentes proveedores, mercancías y calidades.

Su reclamo, insisten, no se dirige solo a los comercios chinos. Están de acuerdo en que las instituciones hagan cumplir la ley a cualquier comercio. Sea del país que sea.

Mientras tanto, para ellos, mantener abierto un negocio tradicional se vuelve cada vez más costoso. La consecuencia, explican, es que una tienda que no vende puede quedarse sin capacidad para cubrir sus gastos.

Ellos, sin embargo, aseguran que continuarán en la avenida. «Estamos tratando de seguir vivos. Es muy difícil esta competencia«, afirma García.