La situación del país, como en la que se encuentran la mayoría de las economías del mundo, demanda prudencia fiscal. Ante ausencia de responsabilidad fiscal, prudencia sería operar con un menor déficit vía menor gasto. Sin embargo, el gasto del Gobierno Central se incrementará 13.2 % con relación al presupuesto original del 2026. Sus dos componentes crecerán en dos dígitos; el gasto de capital lo hará en 19.7 % y el corriente aumentará en 12.3 %.

Se ha convertido en una costumbre que el presupuesto sea modificado cuando inicia la segunda mitad del año. El gasto se subestima en el primer presupuesto, y el Poder Ejecutivo recurre al Poder Legislativo para incrementos posteriores. También se tiende a recurrir a esos presupuestos reformulados para lograr una cifra superior de crecimiento del PIB. Estímulo artificial de la economía que se refleja en un monto mayor del incremento del PIB.

En el 2027 debe esperarse un incremento del gasto con una reformulación del presupuesto. El próximo periodo presupuestario contiene un elemento poco favorable, y es que coincide con el inicio del ciclo político relacionado con las elecciones del 2028. El gasto es la principal variable política del presupuesto general del Estado. En ese sentido, resulta elocuente la cifra del incremento del gasto de capital de alrededor del 20 % para el año venidero.

Hasta el 18 de septiembre, la ejecución presupuestaria indica que el déficit del 2026 finalizará por encima de los 284,927 millones de pesos que están siendo usados como déficit meta por las autoridades; aunque el Poder Legislativo solo autorizó 280,575 millones de pesos mediante la Ley 43-26 del pasado 29 de julio. Teniendo en cuenta el ritmo de ejecución del gasto corriente, los recientes incrementos en el subsidio semanal a los combustibles y el monto que resta por ejecutar del gasto de capital, que tiende a acelerarse en los últimos meses, esperamos un monto superior en el resultado presupuestario. El déficit sería aún mayor si las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) no mantuvieran una deuda corriente con los generadores privados; la que les permite reducir las transferencias que reciben del Gobierno Central.

Diferentes riesgos y amenazas recorren el mundo, extendiéndose al año 2027. Una de ellas es la deuda pública y su costo. Las tasas de referencia, como la del bono de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, están aumentando. Al igual que para el promedio de los países, el costo de emitir será mayor para la República Dominicana. En días recientes las autoridades se adelantaron con una emisión para evitar un vencimiento a inicios del 2027, y contar con más financiamiento para este mismo 2026. En la nota de prensa de la operación, las autoridades manifestaron que existe «un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad e incertidumbre, y elevadas tasas de interés globales.» Por vía de consecuencia, el presupuesto del 2027 debería minimizar esos riesgos, que se incrementan en la medida en que aumenta el gasto deficitario y las necesidades de financiamiento. El momento actual es el menos propicio en décadas para aumentar la deuda soberana.

En el 2027 las autoridades gastarán lo que les ingrese por el incremento de impuestos de junio pasado con la Ley 30-26. Pero el año próximo, por los efectos sobre la actividad local y mundial, es necesario ser conservadores con respecto a las expectativas de ingresos tributarios. Otra razón para la prudencia fiscal.

El riesgo de menor crecimiento es importante. Continúan los mayores costos de transporte y materias primas. También mayores precios del diésel, combustible usado en casi cualquier tipo de actividad económica. Fertilizantes, insumos agrícolas, maquinarias y aparatos para riego, también seguirán más costosos. Si a esto último se le agrega el fenómeno cíclico de El Niño, hay que considerar mayores expectativas de inflación de alimentos y el riesgo de menor producción local.

Mayores costos financieros globales también inciden sobre las decisiones de inversión. Localmente esto tiene un efecto sobre la producción. Internacionalmente, el efecto de los costos afectará a hogares y a empresas. Menor demanda de hogares, y empresas produciendo menos, representan una combinación para provocar una menor demanda de bienes y servicios de República Dominicana.

En el 2027 la sociedad, y la economía, no tolerarán otro remiendo tributario similar a la Ley 30-26. De hecho, los efectos negativos de esa ley se acentuarán el próximo año. Si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo así lo quisieran, el del 2027 no sería el sexto presupuesto consecutivo con un déficit por encima del 3 % del PIB, y se podría iniciar una senda de consolidación fiscal. Esa acción, en un ambiente de riesgos relacionados con el endeudamiento, sería un legado político muy importante.