a lucha contra la corrupción no depende solo de castigar a quienes cometen delitos, sino también de crear condiciones para que quienes los denuncian estén protegidos. En una conversación con Diario Libre, Manuel Villoria, defiende la integridad como una condición para fortalecer las instituciones y advierte sobre los efectos de la impunidad.

Villoria se encuentra en República Dominicana para presentar varias conferencias, entre ellas, una para la Fundación Global Democracia y Desarrollo sobre La integridad como fundamento para el bien común.

Ética y corrupción

—¿Cómo definir la ética en 2026?

Implica ver hasta qué punto podemos asumir lo que parece ser una tendencia mundial: el desarrollo de una ética utilitarista. Quienes venimos de una tradición cristiana asumimos una ética que parte de unos principios y tiene que ser coherente con ellos, sea cual sea la consecuencia. El utilitarismo no asume esos principios. Plantea que siempre hay que seguir aquello que produce mayor bien para el mayor número. La consecuencia es preguntarnos hasta dónde podemos sacrificar a la minoría. En ocasiones, esto genera situaciones que pueden parecer también injustas, pero es el mundo por donde, en gran medida, vamos.

—¿Qué reto enfrentan las entidades del Estado?

Igual que las privadas, tienen que intentar desarrollar integridad y moralidad entre sus empleados y conseguir que actúen de acuerdo con los principios que promueven el bien común. Entras a trabajar en una organización pública y tienes que ser imparcial, eficiente y honesto. Entonces hay que establecer una serie de procedimientos e instrumentos para que toda la gente que trabaja dentro sea íntegra. Eso ahora mismo es un reto para todos los gobiernos. [El que] trabaja en una organización pública, no está para hacerse rico. No está para ayudar a su familia. No está para tomar venganza de sus enemigos. Está para servir al interés general, y eso obliga a actuar con imparcialidad.

Eso es un problema grave de cultura cívica. En casi todos los países, la mayoría de la gente quiere que sus responsables públicos sean honestos. No hay ningún país donde digan: «Es bueno que nos roben, que se lleven dinero público». Cuando les pagan muy poco vienen los problemas, sobre todo cuando les dan mucho poder. El resultado es muy peligroso. Es el caso de la Policía en muchos países de América Latina. Tenemos que buscar fórmulas para tener unos presupuestos más equilibrados. Y eso exige elevar los impuestos, sobre todo a quienes más tienen. Lo cual hace que todo sea un proceso complicado. Porque los que más tienen suelen controlar en gran medida a los gobiernos. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Si tuviera la respuesta, estaría ahora mismo recibiendo el premio Nobel.

—En República Dominicana hay grandes casos de corrupción administrativa que llegan a los tribunales. En esas entidades hubo silencios.

Tenemos que conseguir que la gente que denuncia se sienta protegida. Que la gente entienda que, cuando denuncia, servirá para algo. Eso implica que haya una investigación interna para buscar qué es lo que pasó, que sepa dónde y cómo denunciar y que pueda hacerlo anónimamente. Si no se denuncia, la gente ve que el de al lado roba y no se hace nada, piensa: «Si él lo hace, yo también». Entonces se produce ese fenómeno de expansión. Hay mucha gente honesta a la que se le hace muy difícil la vida. Tienes tu conciencia tranquila, pero cuanto más corrupción hay en tu entorno, más difícil es que tú seas honesto. Ser un héroe es muy difícil. Por eso mucha gente se embarca en estas prácticas que dañan a todo el país.

Medidas para combatir la corrupción

—¿Cómo se rompe ese círculo?

Es muy complicado. Pero una de las fórmulas es que es fundamental que quienes entran en la administración lo hagan por un sistema de mérito y de carrera, no por razones políticas. Ese es un tema esencial para reducir la corrupción: tener funcionarios profesionales. Entonces, si además les das la oportunidad de denunciar, ven que sirve para algo, saben cómo y dónde denunciar y se sienten protegidos. Luego, si tienes jueces profesionales y una fiscalía profesional, los casos van saliendo, condenan y entonces empieza a verse un cierto miedo a hacer las cosas mal. Luego, por convicción, cambian las cosas.

—Dirige la Autoridad Independiente de Protección al Informante.

Empezó en 2025. Los primeros meses fueron de buscar un local, contratar empleados. En nuestro sistema, todos tienen que ser ya funcionarios profesionales. Esta organización viene de una directiva europea. En España se creó esta unidad desde cero. Eso dificulta mucho las cosas, pero vamos a ver si la consolidamos en el tiempo. Ya somos casi 20 personas.

—¿Qué tanto se denunciaban las ilegalidades en España?

Antes quien denunciaba sufría las consecuencias. Perdía el trabajo, le perseguían, le ponían denuncias por revelación de secretos, por falsedad y le hacían la vida imposible. Esa es una de las razones por las que tenemos la obligación de cambiar las cosas. Parece ser algo muy difícil. Terrible. Tuvimos casos de personas que nos llamaron diciendo que se iban a suicidar, que no tenía sentido seguir, que ya no aguantaban más. El primer caso que recibimos fue de alguien que denunció un caso de corrupción. No solo le echaron del trabajo, sino que le pusieron tres querellas. Entonces te quedas sin trabajo y tienes que contratar abogados. A esta persona le pusieron vigilancia a sus niños y a su familia, hacían fotos de su casa. Esto llevó a que su mujer decidiera separarse, le dejaron sin niños y sin trabajo.

—¿Cómo les protegen?

Pues mal, pero vamos intentando mejorarlo. Si alguien viene con una denuncia, cree que le van a represaliar o ya le represaliaron, le damos la información y le damos un certificado de protección. Si la empresa prosigue la represalia, abrimos una investigación y hay una sanción de un millón de euros. Con eso paramos muchas represalias porque si yo le digo a un ministro: «Usted puede abrir un expediente disciplinario a esta persona, tal vez pueda, si no es funcionario de carrera, echarlo, pero tenga cuidado porque voy por usted; voy a intentar ponerle una multa de 300,000 euros», su actitud cambia.

—¿Cómo cambiar estas culturas?

Acabar con la impunidad. Si la gente siente que es impune y no va a pasar nada, seguirá haciéndolo. Uno de los temas que siempre me preocupó en Dominicana o en otros países es: «¿Cuántos casos de corrupción hay en la fiscalía? ¿Cuántos fueron a la cárcel? ¿Y cuánto tiempo estuvieron?». En España ahora hubo un caso de corrupción de un ministro de Transportes y la sentencia es de 23 años de cárcel. Estas cosas son importantes.

Hay gente que dice: «Llego a un cargo y tengo que salir con algún beneficio».