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La alta corte sostuvo que el presupuesto no ordenaba un pago individualizado a favor de la empresa y que el amparo no era la vía para exigir una acreencia contractual
La alta corte concluyó que la Ley de Presupuesto no contenía una orden individualizada de pago a favor de la compañía.
Dekolor reclamaba esa suma por atrasos de 2024 y también pidió el pago de cuentas pendientes de 2025. Además, solicitó anular la transferencia de la partida presupuestaria 2.2.8.7.06 a la 2.2.9.1.01, dispuesta por funcionarios del Intrant.
En la sentencia TC/0985/26, el tribunal consideró que la empresa buscaba ejecutar el contrato y cobrar una acreencia mediante la atribución de una obligación de pago a la Ley 80-24, relativa al Presupuesto General del Estado 2025. El TC acogió el argumento de que las asignaciones presupuestarias son apropiaciones institucionales para determinados gastos y que, por sí solas, no constituyen un mandato de pago cierto y exigible a favor de un particular.
La alta corte también respaldó el criterio de que el amparo de cumplimiento exige una vulneración de derechos fundamentales. A su juicio, la reclamación de Dekolor era patrimonial y contractual, mientras que la solicitud para anular los movimientos presupuestarios excedía el objeto de esa acción constitucional.
El TC no liquidó las cuentas ni determinó si el contrato generó una deuda a favor de Dekolor. Su decisión establece que la partida presupuestaria invocada no bastaba para exigir el pago mediante amparo. La sentencia cita un precedente según el cual el rechazo de esa vía no impide reclamar el cumplimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Dos jueces disintieron
Alba Luisa Beard sostuvo que Dekolor carecía de legitimación para reclamar el cumplimiento de una ley que no la señalaba como beneficiaria de un pago. Domingo Gil consideró que la acción debió recalificarse como un amparo ordinario y declararse inadmisible por notoriamente improcedente.
Este proceso es distinto del amparo con que Dekolor intentó frenar la nueva licitación del Intrant, rechazado por otra sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en julio de 2025. Tampoco resuelve la querella de Milton Morrison contra ejecutivos de la empresa por presuntos ofrecimientos de sobornos para extender el contrato, acusación que Dekolor negó.
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