De acuerdo con los informes preliminares del cuerpo del orden, los fallecidos eran buscados por su presunta vinculación con distintos delitos, entre ellos homicidio, robo a mano armada y despojo de motocicletas. También pesaban sobre ellos órdenes de captura.

En medio de esta situación, algunas personas con órdenes de arresto pendientes han optado por entregarse a las autoridades, tras el llamado del presidente Luis Abinader, quien advirtió que quienes estén en esa situación deben presentarse ante la Justicia y que, de lo contrario, serán buscados por la Policía, «y les irá peor».

• La institución informó la semana pasada que tenía 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.

Investigación de muertes

Ante las muertes registradas durante estos operativos, Diario Libre solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre la cantidad de casos investigados por el Ministerio Público, así como los resultados de esas pesquisas y los protocolos que se aplican cuando una persona fallece durante una intervención policial.

Sin embargo, el órgano persecutor se amparó en la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales para no suministrar las estadísticas ni responder sobre los procedimientos.

En su comunicación, la Procuraduría argumentó que parte de los datos requeridos están vinculados con investigaciones penales específicas y que su divulgación podría comprometer procesos judiciales y derechos de terceros.

«Una parte de la información requerida está directamente relacionada con investigaciones penales específicas dirigidas por el Ministerio Público», indicó la institución.

No obstante, varias de las preguntas de Diario Libre buscaban conocer cifras generales y resultados procesales, sin solicitar declaraciones de testigos, pruebas reservadas ni documentos internos de expedientes abiertos.

Entre los puntos que quedaron sin respuesta figura el procedimiento que sigue el Ministerio Público cuando una persona muere durante una intervención policial. El periódico preguntó si en estos casos debe preservarse la escena, realizar autopsia, análisis balísticos y pruebas de residuos de disparos, así como recopilar grabaciones y entrevistar a testigos.

También solicitó precisar si se practican peritajes a las armas utilizadas tanto por los agentes como por las personas fallecidas. La Procuraduría no identificó las diligencias obligatorias ni la disposición que regula estas actuaciones.

Abogados exigen investigación independiente

En medio de los cuestionamientos sobre estas muertes, el abogado Carlos Balcácer y otros siete juristas solicitaron este lunes al Ministerio Público una «investigación inmediata e independiente» sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales.

Los abogados cuestionan los decesos ocurridos entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre, presentados como resultado de «actuaciones legales o intercambios de disparos», sin que, según denunciaron, se haya realizado previamente una investigación fiscal independiente.

Durante una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, Balcácer afirmó que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director general de la Policía Nacional, incurriría en una conducta sancionada por el párrafo I del artículo 3 del nuevo Código Penal, al exhortar, mediante la clave 29, a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) a cometer asesinatos de jóvenes.

«A nosotros nadie nos va a amedrentar. Este es el primer paso que estamos dando y sabemos quiénes están detrás de este poder que le están dando a él (al director de la Policía), no nos vamos a quedar así»»

Junto a Balcácer, los juristas Cándido Simón, Manuel Sierra Pérez, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez, Valentyn Medrano y Guarionex Ventura reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de cada muerte y se determinen las posibles responsabilidades penales de los agentes policiales y de los representantes del Ministerio Público que intervinieron en los casos.

Para sustentar las investigaciones, piden examinar autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios de testigos presenciales y familiares de los fallecidos.

Los abogados sostienen que la lucha contra la delincuencia no puede justificar muertes arbitrarias ni excluir el derecho a la defensa y al debido proceso. «La eficacia contra la delincuencia no se mide en cadáveres, sino en vidas protegidas», expresaron.