Entre el 15 de julio y el 12 de octubre murieron 1,123 personas y otras 440 resultaron heridas, según el informe del secretario general citado por Security Council Report. Entre los fallecidos figuraban 659 pandilleros. Las operaciones de seguridad ocasionaron el 52 % del conjunto de muertos y heridos: 808 víctimas, incluidas 148 personas sin asociación con bandas.

La situación de la niñez concentra algunas de las mayores preocupaciones. Los expertos de la ONU advierten sobre el aumento del reclutamiento de menores por las pandillas y denuncias de ejecuciones sumarias de niños presuntamente vinculados a ellas, atribuidas a fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa. El despliegue internacional y la intensificación de las operaciones obligan a reforzar su protección y las posibilidades de reintegración.

Un nuevo revés

El proceso electoral sufrió un nuevo revés a comienzos de octubre. El Consejo Electoral Provisional anunció el aplazamiento de la campaña y la preparación de otro calendario. Aunque su comunicado no fijó una nueva fecha de votación, un integrante del organismo confirmó a la agencia AFP que el 13 de diciembre, previsto para la primera vuelta presidencial y legislativa, había quedado descartado. La segunda ronda estaba programada para febrero de 2027.

El retraso prolonga una transición marcada por gobiernos provisionales y promesas incumplidas de devolver la decisión a los ciudadanos. Las últimas elecciones nacionales se celebraron en 2016. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, profundizó el vacío institucional. Desde entonces, la inseguridad ha sido un obstáculo recurrente para organizar comicios y recuperar autoridades legitimadas por las urnas.

La amenaza armada afecta directamente la organización electoral. En municipios controlados por pandillas faltan centros de inscripción y las carreteras bloqueadas dificultan transportar materiales. A ello se suma el desplazamiento de cerca de 1.5 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones, obligadas a abandonar sus hogares y con sus posibilidades de participar condicionadas por la violencia.

El deterioro también tiene una dimensión política. Un informe de expertos de la ONU, divulgado este mes, describe vínculos entre grupos armados y actores políticos y económicos. Advierte sobre fracturas dentro de la coalición Viv Ansanm, que pueden desencadenar nuevas disputas territoriales, ataques y desplazamientos. La fragmentación añade riesgos para comunidades que habían experimentado cierta estabilización.

Respuesta incompleta

La respuesta internacional permanece incompleta. Al 12 de octubre, la Fuerza de Supresión de Pandillas contaba con 1,563 uniformados frente a los 5,500 autorizados, además de 29 civiles de los 50 previstos. Su mandato fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027, mientras se procura completar el despliegue y mejorar su capacidad operativa.

La emergencia humanitaria avanza en paralelo. El plan de respuesta para 2026 estima que 6.4 millones de personas necesitan asistencia urgente. Sin embargo, al 16 de octubre solo se había financiado el 49.1 % de los 880.3 millones de dólares requeridos. Esa brecha limita la atención a una población sometida simultáneamente a inseguridad, desplazamiento y privaciones.

Ante las dificultades electorales, Chatham House advirtió la pasada semana que apresurar la votación sin condiciones suficientes podría agravar la inestabilidad. El centro propone un calendario sustentado en metas verificables: inscripción representativa, controles independientes sobre candidatos, procedimientos transparentes de escrutinio y garantías para que votantes, aspirantes y trabajadores electorales participen sin intimidación.

Una encuesta de mayo citada por esa institución indica que casi el 90 % de los consultados considera importantes las elecciones y el 82 % entiende que deberían celebrarse antes de terminar 2027. La demanda de votar convive con la necesidad de reconstruir las condiciones para hacerlo.

El Consejo de Seguridad renovó las sanciones y el embargo de armas. El Reino Unido reclamó aplicarlos y combatir el desvío de recursos públicos.