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Su abogado Miguel Valerio explicó que no hay ningún riesgo de fuga
Aseguró que tampoco hubo malas intenciones en el suceso
Los hermanos fueron dejados bajo arresto ayer luego de varias horas durante las cuales fueron interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, además de otros fiscales.
Miguel Valerio, abogado de la familia Espaillat, reconoció que a sus clientes se les acusa de homicidio involuntario.
Dijo que se le otorga esa calificación, “porque nadie quería que eso ocurriera”; “no hubo maldad”. Agregó que verán y analizarán el expediente.
Expuso, además, que Espaillat tampoco representa peligro de fuga porque colaboró con la investigación.
Sobre el testigo que denunció supuestas amenazas por parte de la familia, Valerio indicó: «Él dio su versión, nosotros tenemos nuestra versión sobre lo que él dijo, pero yo creo que la investigación es secreta. Lo importante es, que hoy el caso, para que toda la gente, que con maldad, decía que había algún privilegio, no, simplemente el Ministerio Público hizo una investigación».
“De ninguna manera ellos querían que eso pasara”, reiteró.
Sobre las víctimas, indicó que los Espaillat han querido resarcir a los afectados y que muchas de estas familias se han acercado a ellos en acto de solidaridad.
Orden de arresto
La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados cometieron homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.
El Ministerio Público dijo, en una nota de prensa, que “los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del distrito Nacional para que se les conozcan medidas de coerción”.
Esto debe ocurrir a más tardar en 48 horas desde del momento en que se produjo el arresto.
Partiendo de lo establecido, el conocimiento de las medidas de coerción tendrá lugar el sábado en la tarde.
Los hermanos Espaillat fueron interrogados durante unas seis horas por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho.
La pena
Según la legislación vigente, el delito de homicidio involuntario se castiga con prisión de tres meses a dos años, dependiendo de las circunstancias del caso.
Además, si el homicidio involuntario ocurre en el ejercicio de una profesión o actividad que requiere especial cuidado, como la medicina o la construcción, la pena puede agravarse si se demuestra una falta grave en el cumplimiento de normas de seguridad.
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