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La institución estatal aboga por una mejor educación y más oportunidades para los jóvenes
El planteamiento lo hace la Dirección de Derechos Integrales del Ministerio de la Mujer, institución dirigida por la ministra Mayra Jiménez.
«Las uniones tempranas y embarazos en adolescentes, son fenómenos altamente complejos, tanto sus causas como las consecuencias, están vinculadas y profundizan construcciones socioculturales y normas de género basadas en estereotipos y desigualdades, en el contexto socioeconómico, en la educación y el acceso a oportunidades, a información y orientación en salud integral», plantea la institución en respuesta a un cuestionario enviado por Diario Libre.
«No obstante, las uniones tempranas no se constituyen dentro de esa legalidad, no son formalizadas o registradas de manera oficial o formal ante las autoridades, se trata de prácticas socioculturales y multicausales, resultando en un riesgo y afectación para el desarrollo integral, la vida y la salud de niñas y adolescentes, y aumentando las probabilidades de embarazos a temprana edad, con los riesgos que esto conlleva a nivel, físico, emocional, mental, psicológico, social y económico», enfatiza el Ministerio.
Protocolo de atención
Al preguntar sobre el protocolo de atención a adolescentes y la obligatoriedad que recae sobre el médico tratante de denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso que se presuma como abuso contra la menor embarazada, el Ministerio de la Mujer entiende que, siguiendo los lineamientos de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es obligatorio proceder con la denuncia.
«Toda persona, especialmente quienes trabajan en instituciones públicas o privadas que presten servicios a niños, niñas y adolescentes, está en la obligación de denunciar ante la autoridad competente cualquier violación o amenaza a los derechos de estos. Esto incluye al personal de salud, sin excepción por tipo de institución (pública o privada)», sostiene el documento recibido.
Independientemente del sector que detecte el caso (salud, justicia o protección), se deben activar rutas de intervención intersectorial que garanticen el restablecimiento de derechos de la víctima.
Ante la confirmación de un embarazo en una adolescente menor de 15 años, la institución precisa que, siempre se debe sospechar de violencia sexual y proceder a la denuncia inmediata ante el Ministerio Público.
«El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud hacen importantes esfuerzos en materia de sensibilización, formación y orientación al personal de salud para que estas medidas sean aplicadas; y entendemos que esa es la vía idónea para garantizar servicios de salud integrales y el cumplimiento de procedimientos de manera efectiva y oportuna», agrega el texto.
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