El actual director de las dos instituciones explica con detalles el proceso mediante el cual los gobiernos de turno se repartieron como una «piñata» los terrenos del Estado a tal velocidad que en 20 años se perdieron al menos 2 millones de tareas.

Esta superficie se traduce en 1,257.72 kilómetros cuadrados, un área equivalente al tamaño de la provincia de Santo Domingo (1,298.31 kilómetros cuadrados, según el Instituto Geográfico Nacional).

«El Estado perdió o no se manejó de manera correcta con más de 2 millones de tareas de tierra en el período del 2000 al 2020… El 70% fue adquirida por diferentes sectores de la vida nacional y muchas de ellas fueron regaladas o pagadas a un precio vil», revela el titular del CEA.

Los terrenos del Estado se repartieron entre pobres, que ocuparon un pequeño pedazo para su vivienda, y entre los más adinerados, quienes cercaron y consiguieron títulos de propiedad para fincas con miles de tareas.

En el grupo de los poderosos están los beneficiarios de 4,000 contratos de compra que se aprobaron en el gobierno de Danilo Medina, a pesar de que un decreto suyo lo prohibió después del asesinato de dos locutores en una cabina de radio, en San Pedro de Macorís.

Pero la corrupción interna en el CEA no se detuvo en el 2020, pues, como explica su actual administrador, la institución continuó siendo un «mercado persa«, plagada de estructuras mafiosas, sobrecargada con falsos trabajadores que cobraban sin trabajar y llena de empleados ociosos que no movían un dedo sin una coima.

«Lo que nosotros encontramos allí fue un desorden, porque no se hizo una gestión de cambio. Nosotros encontramos una institución demolida moralmente«, afirma.

Burgos dice haber eliminado más de 300 «estructuras mafiosas» y sostiene que todavía está enfrentando grupos «que no quieren aceptar que las cosas se hagan bien».

Todavía nos quedan tentáculos de la institución combinados con gente de afuera», acota.

Estas personas se dedicaban a vender tierras, a estafar con la supuesta venta de títulos y a la falsificación de documentos oficiales.

Entre tantos casos, dice haber enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) solo los 14 que pudieron sustentar con pruebas, pero las investigaciones, si se están haciendo, escapan de su conocimiento.

También ha tenido que pedir la colaboración de instituciones que históricamente han cooperado para procesar esas ventas fraudulentas y se ha reunido con funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

«Hemos estado trabajando juntos muchos temas que tienen que ver con invasiones, que tienen que ver con saneamiento, que tienen que ver con deslindes, porque eso era un relajo y para hacer un trabajo de esa naturaleza tiene que haber una ´no objeción´ del Estado«, apunta.

El funcionario y presidente del partido de gobierno en la provincia Santo Domingo confiesa que la presión de parte de compañeros de partido y personas influyentes buscando favores no ha parado y sostiene que su estrategia es hablarles frente a frente.

«Eso nos ha ayudado mucho a mantener un diálogo de los temas que tenemos que tratar con personas que realmente se beneficiaron de manera impresionante con la propiedad del Estado«, cuenta.

2,500 botellas

Cuando asumió la dirección del CEA, en agosto del 2022, Rafael Burgos encontró una plantilla con 3,700 asalariados, pero sólo el 32 % eran empleados reales, los cuales iban a trabajar dos veces a la semana.

Despedir a las cerca de 2,500 botellas redujo el costo de la nómina de 37 a 7 millones de pesos, aunque ha hecho llover sobre la institución decenas de demandas laborales que siguen costando recursos.

«Cuando usted recibe una sentencia de una persona que trabajó allá 5 o 6 años que nunca fue a la institución, porque tenía una tarjeta y cobraba con esa tarjeta, porque era un activista de un partido político equis, y usted se presenta con una sentencia de cuatro millones de pesos, usted sabe que es una estafa montada ahí», relata Burgos, quien también es abogado.

El presupuesto ejecutado en el CEA en «remuneraciones«, según su portal de transparencia, pasó de 820 millones en 2021 a 376 millones en 2024, una reducción del 54 %.

«Una institución donde los empleados estaban acostumbrados a la mordida, a la coima. Si ella tenía que entregarle un papel a Carlos, había que pagarle por entregarle ese papel. Había que pagar para mover una persona de una oficina a otra. Eso era un mercado persa«, detalla.

Tierra recuperada

Dentro de su plan de recuperación de la entidad, Burgos asegura que logró la devolución de más de 25 mil tareas y que están cobrando a las personas que accedieron a un acuerdo.

Además, habla de un incremento de la productividad de los colaboradores y la eliminación del pago de sobornos para agilizar trámites.

La integración de BN y el CEA estaría avanzada en un 98%, aunque todavía está pendiente la aprobación de la ley.

Su visión

Consciente de los bienes multimillonarios que maneja, Burgos plantea que el CEA sea una institución apolítica y su administrador una persona con alta calificación.

«Al mismo presidente le he dicho que BN y el CEA son más ricos que el Banco Central y que representan el patrimonio y la riqueza del pueblo dominicano y que eso hay que protegerlo«, comenta.