No más retrasos

Rafael Castillo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y vocero del partido en la Cámara de Diputados, sostuvo que el organismo electoral ya tiene fecha para iniciar el proceso y «no hay razones para seguir retrasando su ejecución», tomando en cuenta que existen partidas presupuestarias estipuladas para ese fin.

Señaló que, mientras se posterga el arranque y se impulsan más consensos «innecesarios», hay ciudadanos con cédulas vencidas desde hace cinco o siete años que no han podido recibir un nuevo documento, por lo que consideró que la inversión de más de 6,000 millones de pesos «está justificada frente a otros gastos que no tienen impacto directo en la sociedad«.

Nueva cédula impostergable

En esa misma línea, el miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, resaltó que la JCE ya agotó un proceso de consenso con las organizaciones políticas y que el país necesita de manera impostergable un documento robusto, adaptado a la realidad actual, que sea difícil de falsificar y que también permita a los ciudadanos utilizarlo en distintas gestiones de su vida diaria.

El diputado nacional subrayó que una cédula moderna facilitaría un mayor control en materia migratoria y garantizaría que la República Dominicana no se rezague frente a los parámetros internacionales en identificación. Recordó que el presupuesto para este fin fue establecido desde el año pasado y advirtió que actualmente casi todas las cédulas en circulación están vencidas.

Antes de presentar el proyecto formalmente a distintos sectores sociales, el pleno de la JCE mostró la iniciativa a todos los representantes de los partidos políticos y luego se reunió por separado en las sedes de cada organización para continuar los debates sobre el documento.

De acuerdo con el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, la implementación de la nueva cédula alcanzaría una inversión de alrededor de 6,000 millones de pesos en un proceso que se iniciaría en octubre de este año y se extendería durante el 2026.

Operativos y detenciones por suplantar cédulas

En los últimos años, las autoridades del Ministerio Público se han visto forzadas a encabezar múltiples operativos para combatir la suplantación de cédulas de identidad, una problemática que evidencia la debilidad del documento oficial, a pesar de los premios que recibió la cédula en el 2014 por ser «la más segura y mejor diseñada».

Por ejemplo, en noviembre de 2023, el Ministerio Público y la Policía Nacional, en coordinación con la JCE, desarticularon en Santiago una amplia red dedicada a la falsificación masiva de documentos públicos.

La llamada Operación Colibrí se enfocó en combatir una estructura que falsificaba actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, que luego eran vendidos tanto a ciudadanos dominicanos como extranjeros.

Haitianos suplantan identidades

En febrero de 2022, un caso puntual puso rostro a este tipo de delitos. En Santiago, el haitiano Linto Tragelhomme Sanon fue arrestado en el momento en que intentaba obtener una cédula de identidad a nombre de un dominicano.

Según la imputación, llegó a la Oficialía del Estado Civil de Villa González con un documento falso, con el que buscaba asumir la identidad de Kelvys de Jesús Ynoa Martínez. La fiscal adscrita a la JCE, Esther González, presentó cargos por falsedad en documento público y uso de documento falso, y luego juez Cirilo Salomón Sánchez impuso 12 meses de prisión preventiva.

Meses después, en mayo de 2022, las autoridades intervinieron en las comunidades de Vicente Noble y Tamayo, en la provincia Barahona. Allí, 12 haitianos fueron arrestados bajo la imputación de utilizar actas de nacimiento, cédulas y pasaportes falsificados para obtener la nacionalidad dominicana.

La Dirección de Seguridad de la JCE había desarrollado, durante cuatro meses, una labor de inteligencia que derivó en operativos coordinados con el Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Policía Nacional. Las órdenes de arresto, emitidas por la jueza María Consuelo Valenzuela Pérez, marcaron el cierre de una investigación que evidenció la existencia de redes con conexiones y logística para vulnerar el sistema de identidad.

Otros casos

En noviembre de 2021, el juez Pablo Imbert, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra el haitiano Francois Onel. La acusación señalaba que intentó adquirir una cédula dominicana utilizando el acta de nacimiento de Clinton César Rodríguez Matos, un dominicano que había fallecido siendo menor de edad.

Un mes antes, en octubre de 2021, otro intento de fraude llegó a los tribunales cuando la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, impuso medidas de coerción al haitiano Deiby Joseph, acusado de suplantación de cédula de identidad y uso de documentos falsos. La sanción incluyó el pago de una garantía económica de 20,000 pesos y presentación periódica ante las autoridades.