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Unas cumplen tareas específicas, pero otras desaparecen del ojo público después de su creación
Según la base de datos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, desde su ascenso al poder hasta julio de 2025, el presidente Luis Abinader ha emitido al menos 49 decretos para establecer comisiones con distintos fines.
De estas, unas 17 son honoríficas, lo que implica que sus integrantes no reciben remuneración por el trabajo asignado.
Una constante en muchas comisiones de carácter permanente es la falta de seguimiento a los avances de sus proyectos. Se puede interpretar que, tras su creación, los resultados en el área correspondiente se atribuyen a las labores de estas comisiones, aunque no hay evidencia clara de su gestión.
La Comisión Presidencial para el Saneamiento de los Ríos Ozama e Isabela fue creada en 2020 y, posteriormente, transformada en un gabinete. Desde entonces, no se registran decisiones ni proyectos concretos derivados de su trabajo.
Otro ejemplo es la Comisión de Fomento al Ordenamiento Territorial, Planificación y Desarrollo Sostenible de la Provincia de Santo Domingo, de la cual no se han hecho públicos avances, salvo una mención aislada del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ante el Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) el año pasado.
El Codoplátano, establecido en 2024 para apoyar al sector agropecuario, ha realizado reuniones con productores, pero no ha presentado resultados concretos.
Propósitos específicos
Por otro lado, existen comisiones creadas para atender asuntos o proyectos específicos que, una vez cumplida su función, concluyen su labor, salvo que el Poder Ejecutivo disponga lo contrario.
El 1 de septiembre de 2020 se instituyó la Comisión de Liquidación de varios órganos del Estado, con el fin de disolver instituciones como la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad).
Estos organismos fueron evaluados y, posteriormente, eliminados, como ejemplo de comisiones orientadas a fines concretos.
Asimismo, bajo la coordinación de la Consultoría Jurídica, se han constituido al menos seis comisiones encargadas de estudiar propuestas para anteproyectos de ley, los cuales fueron remitidos al Congreso Nacional.
Entre ellas destaca la comisión consultiva encargada de la revisión y actualización de la legislación sobre la libertad de expresión, creada en 2022 y que en mayo de este año presentó su anteproyecto de ley en el Congreso Nacional.
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