Durante su intervención en LA Semanal con la Prensa, el jefe de gobierno informó que en el más reciente Consejo de Gobierno, celebrado el pasado miércoles, se abordaron las consecuencias penales de la corrupción administrativa, conforme lo establece el nuevo Código Penal y la Ley de Contrataciones Públicas.

«Le leímos las cartillas a todos los funcionarios durante el Consejo de Gobierno. Incluso, muchos de ellos llamaron a la procuradora y solicitaron que acudiera a sus instituciones, incluyendo la Liga Municipal Dominicana, para llevar ese mensaje también a los alcaldes«, expresó el jefe de Estado.

El mandatario destacó que su administración ha tomado medidas concretas para combatir la corrupción y promover la transparencia.Señaló que, por primera vez en la historia del país, el nuevo Código Penal tipifica la corrupción como un delito autónomo (artículo 284), lo que permite sancion

Lucha contra la corrupción

El presidente también subrayó que la lucha contra la corrupción no puede limitarse al funcionario que comete el acto, sino que también debe involucrar al corruptor.

Reafirmó que, en caso de detectar irregularidades en su administración, el propio Gobierno será el primero en entregar las evidencias al Ministerio Público.

«Eso es lo que me corresponde y eso es lo que he estado haciendo. Porque, vamos a hablar claro, en una cultura de corrupción como la que ha existido en la República Dominicana, uno de mis principales compromisos es asegurar que cada centavo del Estado se proteja e invierta en lo que verdaderamente necesitan los dominicanos. Esa es mi responsabilidad. Lo demás le corresponde a la justicia, y nosotros no intervenimos en esos procesos», concluyó Abinader.

Delitos y sanciones

El gobernante detalló los principales tipos penales vinculados a la corrupción administrativa y sus sanciones:

• Delitos en contrataciones públicas: otorgamiento irregular de contratos, alteración de precios, pagos por obras inexistentes, ser beneficiario de un contrato u omitir/ocultar información. Las penas incluyen de 3 a 10 años de prisión, inhabilitación en funciones públicas por un mínimo de cinco años, multas proporcionales y devolución de los fondos.

• Peculado, desfalco, concusión, prevaricación y coalición de funcionarios: estos actos conllevan sanciones de tres a diez años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, multas del doble de lo sustraído, pago de 20 a 60 salarios mínimos.

• Responsabilidad penal de las empresas: la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el soborno transnacional y la participación en actos de corrupción cometidos por funcionarios incluye multas de hasta 200 salarios mínimos, prohibición de contratar con el Estado por hasta 10 años, decomiso de bienes y ganancias y cancelación de licencias.

• Enriquecimiento ilícito y omisión en declaraciones juradas: prisión de hasta 10 años, decomiso de bienes ilícitos e inhabilitación para ocupar cargos públicos y pago de 20 a 60 salarios mínimos.

• Manipulación de pagos y obras públicas, soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de información privilegiada: penas de prisión, multas, devolución del dinero y sanciones administrativas.