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El presidente Luis Abinader dijo ayer que las auditorías comenzaron en noviembre pasado a solicitud del propio Gobierno
Investigaciones oficiales y reportajes periodísticos coinciden en que durante al menos cuatro años se desarrolló un esquema fraudulento que drenó recursos y debilitó la gobernanza de la principal aseguradora pública.
El programa de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados aunque nunca llegaron a realizarse, valiéndose de identidades reales de afiliados. Para dar apariencia de legalidad se utilizaba un “call center paralelo”, operado por exempleados desde fuera de la institución, que gestionaba las autorizaciones.
El esquema, que habría movilizado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas, involucraba además a empresas ligadas a funcionarios. Entre los señalados figuran Gustavo Güílamo (jefe de gabinete), Germán Robles (consultor jurídico), Rafael Dujarric (planificación) y Gustavo Mesina (finanzas), siendo Robles identificado por testigos protegidos como la cabeza del entramado.
Paralelamente, un reportaje de Nuria Piera puso la lupa sobre un contrato firmado en 2020 con la empresa Khersum SRL, parte del Grupo Read, para gestionar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.
- Bajo esa modalidad, adicionada al contrato original durante la presente administración, Senasa pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales —780 millones al año— sin importar si los pacientes recibían o no atención, en un acuerdo sin mecanismos de fiscalización claros.
Piera también reveló que la nómina de la institución creció de 1,408 a 1,971 empleados en cuatro años, y que se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con costos que superan los cinco millones de pesos mensuales, funciones que antes cumplían los consulados. A esto se sumaron denuncias de largas esperas para citas médicas y retrasos en la entrega de medicamentos básicos, confirmados por llamadas de prueba a sucursales.
Abinader dice ordenó investigar a Senasa
El presidente Luis Abinader aseguró que fue el propio Gobierno el que pidió investigar a Senasa en noviembre de 2024, antes de los reportajes televisivos. La Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) activaron auditorías, mientras Santiago Hazim fue destituido de la dirección y reemplazado por Edward Guzmán.
La periodista Piera indicó anoche que su denuncia, contrario a lo dicho por Abinader, no está siendo investigada.
En un mensaje en X, el director de Persecución de la Procuraduría, Wilson Camacho, dejó entrever que las pesquisas avanzan: “Aunque no nos escuchen, estamos trabajando con ustedes. Hay un tiempo para todo debajo del sol”.
El deterioro financiero
De acuerdo con denuncias anteriores de la Fuerza del Pueblo, el déficit acumulado del régimen subsidiado asciende a 3,372.8 millones de pesos. La morosidad en los pagos a proveedores pasó de 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023 y se mantiene en 44 % en 2024, poniendo en jaque a clínicas, farmacias, laboratorios y médicos. La magnitud del fraude, la expansión de una burocracia costosa y los contratos que favorecieron a privados por encima del sistema público revelan un patrón de corrupción y mala gestión que amenaza con quebrar la aseguradora estatal.
La crisis ha puesto en duda la capacidad del Estado dominicano para garantizar transparencia en el manejo de los fondos de salud y ha encendido la alarma sobre la calidad de los servicios a los que acceden los ciudadanos más vulnerables, brindados bajo supervisión de Senasa y Silsaril.
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