Hoy, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conocerá el conocimiento de medida de coerción contra José Antonio Glass, señalado por el Ministerio Público como el responsable del crimen contra el menor, residente el sector de Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

Dado el antecedente del presunto agresor, quien cumplió 15 años de prisión por atacar a otro niño en 2009, el jurista consideró necesario que en el país se implemente un sistema de registro de agresores sexuales similar al que se aplica con los deportados, asegurando que ello corregiría muchas deficiencias actuales.

Vacío legal

A esto se sumó el coordinador ejecutivo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Francisco Rodríguez, quien también planteó la urgencia de dicha creación para estos criminales, los cuales puedan ser consultados por el sistema de justicia, sus auxiliares, la prensa, empresas y la ciudadanía.

´´Creo firmemente en la necesaria formalización de los registros criminales´´, indicó al tiempo de explicar que, aunque en varios países de Suramérica existe un esquema formal inspirado en modelos europeos, en República Dominicana solo se maneja un subregistro interno en el Ministerio Público y la Policía Nacional, que permita identificar posibles casos de reincidencia.

Sin embargo, aclaró que muchos de esos procesos aún se encuentran en las altas cortes y no constituyen sentencias definitivas, por lo que no pueden ser presentados en juicio como reincidencia firme.

Recordó que existen sentencias tanto de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como del Tribunal Constitucional (TC) que impiden alegar reincidencia sin una decisión final, al considerar que ello vulneraría derechos fundamentales.

Expediente

El Ministerio Público sostiene que cuenta con un caso sólido, sustentado en registros de cámaras de videovigilancia del 9-1-1 y privadas, testimonios de familiares y vecinos, además de evidencias materiales ocupadas en la escena, como prendas de vestir y objetos personales del menor.

En la solicitud, la Fiscalía pide prisión preventiva como medida de coerción, alegando que concurren riesgos de fuga y de obstrucción del proceso, así como el antecedente de que el imputado cumplió en 2009 una condena de 15 años por violación sexual.

• La calificación jurídica provisional contempla la violación de los artículos 295 al 298 y 302 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 136-03 sobre protección a menores de edad.