El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, advirtió de que las «elecciones fraudulentas de julio de 2024″ agravaron la situación en Venezuela.

Asimismo, lamentó la falta de avances por parte de la CPI desde que la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro.

«Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables», advirtió Sadofschi.

Ataque a legitimidad de Venezuela

En una respuesta inmediata, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno de Javier Milei de «politizar» de «forma altisonante» la conferencia para atacar «de manera inoportuna» la legitimidad del Ejecutivo venezolano.

Además, tildó de «vergonzosa» la conducta argentina en organismos multilaterales y denunció que Buenos Aires ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos, incluida una adoptada el pasado 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles, lo que, aseguró, contradice compromisos regionales y la sitúa como «un falso defensor de derechos humanos«.

El choque entre ambos países marcó una de las intervenciones más tensas de la sesión.

Se trata del primer día de una semana de conferencia en la que la CPI examina tanto el avance de su investigación sobre Venezuela y otros países, como la cooperación de los países miembros con el tribunal, entre otras cosas, en materia de ejecución de órdenes de arresto.

El representante argentino aclaró hoy que la decisión de Buenos Aires de no bloquear el consenso en la Asamblea que se celebra esta semana «no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela«.

Destacó que es como una prueba del «compromiso» de Argentina con la CPI y con el funcionamiento de la propia Asamblea, en particular en las negociaciones sobre los países en situación de impago.

En este sentido, Caracas atribuyó su deuda con la institución a las «medidas coercitivas unilaterales ilegales» que, dijo, le impiden cumplir con sus obligaciones financieras, y aseguró que, una vez levantadas esas sanciones, podrá saldar los pagos pendientes con el tribunal.

«Conocemos de la particular sensibilidad en el caso de las medidas coercitivas unilaterales, sabiendo que la Corte hoy, desafortunadamente, es también víctima de estas prácticas que atentan contra el derecho internacional«, agregó Constant Rosales.

Este comentario fue en referencia a las sanciones estadounidenses que emitió la Administración de Donald Trump contra nueve funcionarios de la CPI por emitir órdenes de detención contra responsables israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Este cruce entre Venezuela y Argentina se produjo minutos después de que la Fiscalía de la CPI anunciara que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» de Venezuela en materia de «complementariedad», el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países, pero Caracas intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas.

La Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2017.