«Cada ministerio, cada dirección, cada órgano público deberá ajustar su gestión contractual a este nuevo marco normativo. Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, busca fortalecerla; no busca paralizar al Estado, busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable», expresó.

El reglamento define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo por parte de los actores que conforman el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

El mandatario aseguró que, en esta etapa, el Gobierno acompañará a las instituciones, capacitará a los servidores públicos y a los proveedores, y brindará las orientaciones necesarias para la correcta aplicación de la normativa.

Reiteró que esta nueva ley consolida un modelo moderno de administración pública, donde las decisiones dejan rastro, tienen responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.

Un proceso riguroso

De su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que el reglamento fue elaborado en un proceso técnico riguroso, en coordinación con la Consultoría Jurídica del Ejecutivo, y subrayó que su  implementación se realizará de manera gradual, conforme al cronograma aprobado.

Explicó que el reglamento fue sido elaborado mediante un proceso técnico riguroso, desarrollado de manera articulada con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y sustentado en los principios que inspiran la nueva ley: planificación, competencia, integridad, trazabilidad y control.

Subrayó que su cumplimiento es obligatorio para todas las instituciones sujetas al sistema, sin excepciones ni interpretaciones discrecionales.

«Ya no se trata únicamente de cumplir procesos, sino de comprender que contratar es gobernar; que al decidir cómo, cuándo y con quién contratar genera un impacto directo en la calidad de los servicios públicos, en la confianza ciudadana y en la legitimidad del Estado», manifestó.

Agregó que la implementación de la nueva Ley se realizará de manera gradual, ordenada y responsable, conforme al cronograma aprobado, garantizando la correcta adaptación institucional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas.

Sobre la nueva ley

La nueva Ley 47-25 da un impulso histórico a las Mipymes y las mipymes mujeres, incrementando la reserva del 20% al 30% del presupuesto de compras; endurece el Régimen de Consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas; establece nuevas modalidades de contratación y el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), así como la integración de criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos, entre otras novedades.

Este jueves la DGCP emitirá una resolución que orienta los próximos pasos institucionales para garantizar la correcta implementación de la ley.