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El proyecto costaría 4,852 millones de pesos, que aportarían dos compañías privadas
El funcionario adelantó algunos detalles sobre el proyecto que promete convertirse en el segundo contrato de alianza público-privada (el primero es el puerto Arroyo Barril) que logra concretar el Gobierno desde que se creó la institución en el 2020.
Contempla una inversión de 80 millones de dólares (4,852 millones de pesos a la tasa del día) que serán aportados por la entidad contratista.
El territorio nacional se va a dividir en dos secciones o lotes que se van a asignar a las dos empresas que resulten favorecidas, cada una de las cuales construirá cerca de 15 centros en todo el país.
La licitación se abriría entre junio y agosto y, tras la adjudicación, a las empresas les pudiera tomar entre 18 a 24 meses construir los centros, tomando en cuenta la experiencia internacional, por lo que la primera inspección podría llevarse a cabo entre el 2028 o 2029.
Las dos compañías elegidas verificarán que motocicletas, carros, yipetas y camiones cumplen con las condiciones requeridas de seguridad para circular. Luego recibirán un marbete de Inspección Técnica Vehicular que deberán pegar en su vidrio delantero.
Los que no pasen
Los que no pasen la prueba, que tardaría unos 15 minutos, tendrán que asistir al taller de su preferencia para hacer los cambios o reparaciones necesarias al vehículo y volver a la inspección.
Lugo explicó que el costo para el usuario rondará los 3 mil pesos y que el Gobierno decidirá si mantendrá también el impuesto de circulación de vehículos o marbete, aunque este gravamen está establecido por la Ley 225-07.
En provincias con un parque vehicular pequeño no habrá sucursales, pero en las que tienen mayor población podría haber más de uno.
La ley de tránsito impone una sanción de un salario mínimo a los que no cumplan con esta obligación.
Por 12 millones de pesos
Este proyecto está siendo estructurado junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), encargado por la ley de tránsito de llevar a cabo las inspecciones y de emitir los marbetes correspondientes.
Para la asesoría contrataron a la firma alemana TÜV Rheinland Certio por 12 millones de pesos tras otro proceso de licitación.
Esta empresa tiene experiencia acompañando a gobiernos y consorcios privados en diversos proyectos de transporte, energía y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Europa, Asia y Oriente Medio.
«Tiene 150 años en el negocio de los vehículos y es quizás una de las más prestigiosas en la materia de inspección técnica vehicular«, agregó Lugo.
El contrato tendrá una duración de varias décadas y, como toda alianza público-privada creada en el marco de la Ley 47-20, deberá terminar bajo propiedad estatal después de que las compañías recuperen su inversión.
A diferencia de otras iniciativas de alianza público privada que han muerto por falta de interés de los empresarios, esta ha llamado la atención de varias multinacionales, ninguna de capital criollo, según indicó Lugo.
«Hay una gran cantidad de empresas interesadas con experiencia en inspección técnica automotriz, extranjeras y con socios la mayoría», refirió.
El funcionario habló de la necesidad de ejecutar este proyecto en vista de la gran cantidad de accidentes que ocurren cada año en las calles dominicanas.
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