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Autoridades de la Jurisdicción Inmobiliaria exhortan a verificar el estado legal de las propiedades y realizar diligencias antes de concretar una compra
Tras la presentación de los avances del Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria, los funcionarios judiciales explicaron que muchas de las denuncias sobre «mafias y estafas inmobiliarias» no se originan en fallas del sistema registral, sino en transacciones realizadas sin las verificaciones legales necesarias, pese a que existen herramientas que permiten conocer con precisión la situación jurídica de un inmueble antes de concretar un negocio.
«Hoy día el Registro Inmobiliario tiene herramientas confiables para que cualquier inversionista pueda determinar si en el negocio que está incursionando existe algún conflicto o no. Todo depende de utilizarlas correctamente y de la confianza que se tenga en el sistema«, afirmó el juez de la Suprema Corte de Justicia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras.
En la misma línea, el administrador general de Registro Inmobiliario, Ricardo Noboa, advirtió que limitar la verificación a una certificación del inmueble puede ser insuficiente.
Los magistrados insistieron en que una diligencia preventiva adecuada implica revisar antecedentes registrales, verificar la identidad del vendedor, investigar posibles litigios sobre el terreno y confirmar que la documentación coincida con la realidad física del inmueble.
En ese sentido, la presidenta de la Corte del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, Catalina Ferreras, hizo un llamado a la rigurosidad, y exhortó a los inversionistas a eludir la informalidad de los denominados «asesores del patio«, quienes suelen promover operaciones carentes de respaldo legal y técnico, poniendo en riesgo el patrimonio de los compradores.
Reducir el riesgo de fraudes
Entre las principales recomendaciones de las autoridades para reducir el riesgo de estafas figura solicitar directamente al Registro Inmobiliario la certificación del estado jurídico del inmueble, documento que permite conocer si la propiedad tiene cargas, restricciones o conflictos legales.
El director nacional de Registro de Títulos, Ridomil Rojas, explicó que además de la certificación, los usuarios pueden consultar herramientas digitales que permiten verificar la ubicación exacta del inmueble en el mapa parcelario.
«Usted puede entrar al sistema, colocar las referencias del título y ver el polígono del terreno dibujado en el mapa. Eso permite comparar si lo que vio físicamente coincide con lo que aparece registrado», indicó.
Otro instrumento clave es la reserva de prioridad, un mecanismo preventivo que permite al comprador asegurar temporalmente sus derechos sobre el inmueble mientras se completa la transacción durante un período de 15 días, impidiendo que se registren acciones incompatibles con la operación en curso.
Modernización
Como parte del proceso de modernización del sistema de optimización se han incorporado nuevas herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los procesos.
Actualmente, el 95 % de los expedientes se envía digitalmente desde el Registro Inmobiliario hacia los tribunales, mientras que el 67 % se remite desde los tribunales hacia el Registro, lo que ha permitido reducir los tiempos de tramitación y agilizar la gestión de los casos.
Entre las innovaciones implementadas se encuentra la firma digital cualificada con código QR, mediante la cual se han emitido cerca de 29,790 productos registrales firmados digitalmente, facilitando la validación segura de documentos.
También se han puesto en marcha servicios como alertas registrales con más de 50,965 usuarios suscritos, la actualización del parcelario catastral, el compendio de criterios registrales y procesos de regularización parcelaria. Estas herramientas permiten a los usuarios monitorear sus propiedades y detectar posibles irregularidades antes de que se generen conflictos sobre los derechos de propiedad.
Impulso a la titulación
El Registro Inmobiliario también participa en el Plan Nacional de Titulación, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, una iniciativa orientada a ampliar la seguridad jurídica de miles de familias que durante años ocuparon terrenos sin documentación formal.
Desde 2021, gracias a un acuerdo entre el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de la Presidencia, se han entregado 258,244 certificados de título, formalizando la propiedad de viviendas y parcelas en distintas comunidades del país.
La entrega de estos títulos busca garantizar derechos de propiedad, facilitar el acceso a financiamiento y fortalecer la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario dominicano.
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