La medida estará vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y 5:00 (10:00 GMT) hasta el 30 de marzo, en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro (fronteriza con Perú), cuatro territorios de un total de veinticuatro provincias que componen Ecuador situados en la zona costera, donde se concentran las actividades criminales.

Durante el toque de queda, que incluye a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, solo podrán circular policías, militares y personal sanitario de emergencia, bajo apercibimiento del Gobierno de arrestar a cualquier otra persona que circule en esas horas, incluidos periodistas, que están impedidos de seguir las actividades de las fuerzas estatales.

El toque de queda se enmarca en una «nueva fase» de la «guerra» que desde hace más de dos años mantiene el Gobierno de Noboa contra el crimen organizado, causante de una ola de violencia sin precedentes en el país, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que contarán con apoyo internacional durante los quince días, como ya ha ocurrido en otros operativos, como el realizado la semana pasada junto a Estados Unidos cuando bombardearon un supuesto de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Reimberg pidió a los ecuatorianos que tengan «tranquilidad» y «calma» ante «cualquier cosa» que puedan escuchar. «Vamos a ir directamente contra los grupos delictivos», dijo el ministro sobre esta medida, que ya había sido anunciada dos semanas atrás.

«Sé que hay una parte de los ecuatorianos que están preocupados de que ciertos grupos o delincuentes o criminales puedan haberse cambiado de provincia. Todo lo tenemos mapeado, toda la información la estamos manejando, así que vamos a golpear a todos estos grupos en estos quince días», subrayó.

Segunda fase

Comentó que en una segunda fase podrían disponer el toque de queda en otras provincias.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones a amplios sectores de la población, a los que cobran cupos bajo amenazas de muerte.

Pese a llevar más de dos años en este combate al crimen organizado, con sucesivos estados de excepción que se han visto empañados por denuncias de violaciones a los derechos como desapariciones forzadas, el país cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.