Mediante el Auto núm. 057-2026, el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla acogió parcialmente una solicitud de la defensa y dispuso la realización de un peritaje técnico independiente. La medida busca profundizar en las posibles causas del colapso estructural ocurrido en abril de 2025, ampliando el espectro probatorio en una fase clave del proceso.

La decisión, de carácter administrativo dentro de la etapa intermedia, se sustenta en disposiciones del Código Procesal Penal que reconocen a las partes el derecho a proponer diligencias de investigación y a acceder a medios de prueba, especialmente cuando no han tenido oportunidad de hacerlo en etapas anteriores.

Un equilibrio necesario

El tribunal consideró que la medida resulta «idónea, razonable y proporcional», en tanto contribuye a garantizar la igualdad de armas entre las partes y a hacer efectivo el derecho de defensa. Este —como recuerda la Constitución dominicana— no puede reducirse a una formalidad, sino que debe ejercerse de manera plena y sustantiva.

El nuevo peritaje permitirá examinar materiales estructurales, posibles procesos de deterioro y factores externos que pudieron incidir en el colapso. No obstante, el juez fijó un plazo de 30 días hábiles para su ejecución, en atención al principio de razonabilidad y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Una decisión en tiempo sensible

La resolución se produce en un momento particularmente delicado para la sociedad dominicana. A medida que se aproxima la fecha conmemorativa, familiares de las víctimas y diversos sectores organizan actos de memoria y reflexión.

En ese contexto, el tribunal subrayó que su decisión no implica pronunciamiento alguno sobre culpabilidad o responsabilidades definitivas. Su alcance es estrictamente procesal: asegurar que el juicio se desarrolle bajo condiciones de equidad, respetando el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes.

Justicia y garantías

Especialistas consultados coinciden en que este tipo de decisiones responden al funcionamiento ordinario de un sistema de justicia basado en el Estado de derecho, donde la verdad judicial debe construirse sobre pruebas obtenidas y debatidas con pleno respeto de las garantías procesales.

El tribunal recordó que el derecho de defensa incluye la facultad de controvertir pruebas, presentar peritajes y acceder a los medios necesarios para sostener una teoría del caso, sin que ello implique prejuzgamiento ni menoscabo de la memoria de las víctimas.

Mientras el país se prepara para recordar a quienes perdieron la vida, el proceso judicial avanza lento pero dentro de los cauces institucionales. Se trata de honrar la memoria colectiva sin sacrificar el rigor que exige la justicia.