La iniciativa, autoría del senador Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, plantea que las contribuciones de las empresas dejen de ser montos fijos por rango de facturación y pasen a calcularse de manera proporcional, con tasas que varían entre un 0.25 % y un 1.5 % de la renta neta anual para quienes generan mayores volúmenes de residuos.

El proyecto también introduce escalas más bajas para empresas con menor generación de desechos, manteniendo aportes de 3,000 y 6,000 pesos para las de ingresos más reducidos, mientras que las de mayores ingresos pasarían a pagar el equivalente al 0.25 % de su renta neta anual.

Tasa aumenta

En el caso de actividades con generación media de residuos, las tasas aumentan hasta un 0.40 %, mientras que las de alta y muy alta generación aportarán un 1 % y un 1.5 %, respectivamente.

Este rediseño contrasta con el modelo vigente establecido en la Ley 98-25, sobre Residuos Sólidos que fija las contribuciones escalonadas desde 3,000 pesos para empresas con ingresos de hasta un millón de pesos, hasta 675,000 pesos para aquellas que superan los 100 millones de pesos.

La ley actual

En la ley actual, el pago por los residuos sólidos no se establece por los desechos que generen las empresas, sino por sus ganancias.

La normativa actual, que fue promulgada en el 2025, implicó un aumento generalizado en los montos respecto al esquema anterior que nació en 2020, lo que generó el rechazo de los sectores comerciales y empresariales.

En ese sentido, la propuesta legislativa busca introducir un criterio de mayor proporcionalidad en las cargas, con el argumento de que el método “no distingue de manera suficiente entre empresas que generan distintos niveles de residuos”.

Las oenegés y las alcaldías

Otro de los cambios relevantes dispuestos en la iniciativa de ley es la eliminación del pago de las organizaciones sin fines de lucro. El proyecto sostiene que estas entidades deben estar exentas del pago por los residuos sólidos, en coherencia con lo establecido en la Ley 122-05, que contempla una exención general de tributos, tasas y contribuciones especiales a su favor.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la eliminación del aporte fijo de 20 pesos por habitante que actualmente se destina a las alcaldías.

Según el proyecto, este mecanismo constituye “una carga adicional para la población y no responde a criterios claros de equidad ni de capacidad contributiva”.

Además, advierte que el esquema de distribución de esos fondos “podría prestarse a discrecionalidad en su asignación y uso” que, a juicio del senador, abre la puerta a que los recursos se desvíen.