La iniciativa busca modificar la ley de extinción de dominio con el objetivo de incorporar un nuevo destino específico para parte de esos recursos.

Actualmente, la ley establece que los fondos provenientes de esos bienes incautados ingresan a la Cuenta Única del Tesoro y son distribuidos para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social de personas condenadas, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en áreas como salud y transporte.

Además, dispone que al menos un 10 % sea asignado al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide).

La propuesta legislativa plantea agregar un nuevo numeral para que, cuando menos, otro 10 % de esos recursos sea destinado a acciones orientadas a la prevención, atención y protección integral frente a la violencia contra las mujeres.

e acuerdo con el proyecto, esos fondos serían asignados al Ministerio Público, que coordinaría su uso junto al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes.

Entre el uso que se le daría al dinero figura el apoyo prioritario a las casas de acogida y a centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio.

Dinero a escuelas

Asimismo, el proyecto propone la implementación de planes y programas en las escuelas públicas para promover nuevas formas de masculinidad y fomentar cambios en los patrones culturales relacionados con las relaciones entre hombres y mujeres.

La iniciativa también contempla el desarrollo de campañas de publicidad en redes sociales y medios tradicionales con el propósito de promover cambios de comportamiento en las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la sociedad dominicana.

Según la propuesta, del porcentaje total del 10 % que se asignaría para estos fines, un 40 % sería administrado por el Ministerio Público para coordinar y ejecutar acciones vinculadas a la prevención, protección, atención integral y respuesta institucional frente a la violencia de género e intrafamiliar.

El 60 % restante sería distribuido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones sectoriales, de acuerdo con sus atribuciones y los programas que desarrollen en esa materia.

Los argumentos

Entre los argumentos que sustentan la iniciativa, sus proponentes señalan que la violencia contra las mujeres constituye «una problemática social» que afecta la seguridad, la integridad física y psicológica, la dignidad humana y el ejercicio de derechos fundamentales.

También citan estadísticas del Ministerio Público correspondientes al primer trimestre de 2026, que registran 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, así como más de 30 feminicidios.

La propuesta actualmente se discute en una comisión y es autoría de los senadores Pedro Catrain, Lía Díaz, Aracelis Villanueva, María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal.