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El director de Servicios Penitenciarios reafirmó la política de cero tolerancia hacia el ingreso de drogas, tras un incidente que involucró a una mujer y su nieta.
Según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), el incidente se produjo luego de que arrestaran a una mujer en flagrante delito cuando, acompañada de su nieta de 11 años y durante el día de visitas de menores a sus padres, intentó introducir una sustancia prohibida al recinto ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
«Todo está bien ahí», le aseguró un agente a una joven con un familiar recluido en el pabellón 10, cuarto piso. Sin embargo, el intento de consuelo no logró disipar su angustia. Las lágrimas continuaban corriendo por su rostro.
«¿Entonces quieres que te diga que sí pasó algo?», respondió el agente, visiblemente desconcertado ante la insistencia de la mujer. «El problema fue en el 10».
«En el 10-1 no pasó nada. Yo voy a confiar porque él me dice que no pasó nada», comentó otra visitante. «¿Debo confiar?».
Según agentes consultados por este medio, el procedimiento posterior a este tipo de incidentes contempla mantener a los internos involucrados entre 10 y 30 días en el área de reflexión, identificar a quienes participaron en los hechos y determinar responsabilidades. Luego, podría iniciarse un proceso judicial por los daños ocasionados a la propiedad estatal.
«A quien le entregarían la droga recibió a los agentes con una puya de fabricación casera y a partir de ahí empezó el altercado«, explicó uno de los responsables del recinto.
Según relató, tras la incautación de la sustancia, internos de los pabellones 10, seis y nueve, así como del área de reflexión, destruyeron cámaras de seguridad y parte del mobiliario.
Como resultado de los incidentes, tuvieron que trasladar a los internos Kendry Muñoz Rosario, Omar Alexander Durán, Luis Henríquez Félix y Jeffrey Sabala al Hospital Municipal Elvira Echevarría Viuda Castillo para la realización de estudios médicos y atención de lesiones.
Santana defiende restricciones
En un segundo comunicado, la Dgspc informó que mantiene las visitas conyugales y las de familiares que llevan medicamentos a los internos, pero que las visitas ordinarias continúan suspendidas mientras se investiga el intento de introducir drogas al recinto.
En una entrevista concedida a Diario Libre, el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, reconoció que la medida generó inconformidad entre algunas familias, pero afirmó que es necesaria para controlar la situación.
Según explicó, muchos reclusos trasladados desde La Victoria enfrentan procesos de abstinencia tras perder el acceso a drogas que tenían en ese penal.
«Primero tenemos que tranquilizar la situación e investigar quiénes están tratando de entrar la droga. No podemos abrir la cárcel como si fuera una escuela», afirmó.
Santana vinculó parte de la tensión existente en Las Parras con el proceso de adaptación de los reclusos trasladados desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Según explicó, muchos internos tenían acceso frecuente a drogas en ese recinto y ahora enfrentan restricciones más severas. «Algunos consumían diariamente y otros cuando conseguían dinero. Ahora estamos reorganizándoles la vida. Su cerebro les exige usar droga y, al no tener esa posibilidad en Las Parras, recurren a sus familiares para intentar introducir sustancias», sostuvo.
El funcionario, quien insiste en la necesidad de fortalecer la atención a la salud mental dentro del sistema penitenciario, reveló que esta es la tercera ocasión en apenas dos meses en que las autoridades detectan a una madre intentando ingresar drogas para uno de sus hijos privados de libertad.
El primer caso, precisó, ocurrió en un centro para menores.
Santana advirtió que la transformación del modelo penitenciario encontrará resistencia entre sectores acostumbrados a las prácticas del sistema tradicional. «Quieren hacer este tipo de cosas para volver al modelo tradicional, pero no van a volver», expresó.
Asimismo, rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas muertes durante el incidente. «Es falso que haya dos muertos. Esos grupos criminales que operaron en las cárceles, con cómplices dentro del personal, mantienen una batalla permanente para preservar su sistema», declaró.
Modelo distinto
El traslado de internos desde La Victoria hacia Las Parras comenzó el 19 de noviembre de 2025 y la primera etapa del proceso concluyó durante abril de este año.
Desde entonces, las autoridades implementaron nuevas reglas de control y convivencia que difieren de las aplicadas en el antiguo penal.
Entre los cambios figura la prohibición del uso de dinero en efectivo. Los internos adquieren productos mediante cupones que son financiados por sus familiares.
Uno de los visitantes mostró el comprobante de un depósito de 1,000 pesos realizado para su hijo, mientras otra mujer prefirió esperar noticias antes de enviar dinero.
El sistema exige que el interno confirme un código y el monto recibido para poder utilizar los fondos. Si el cupón no está a su nombre, no puede ser utilizado por otra persona.
La comunicación con el exterior también cambió. Los reclusos no tienen acceso a teléfonos celulares y solo pueden comunicarse mediante una línea telefónica administrada por el centro. Cada interno dispone de cinco minutos diarios para hablar con sus familiares.
«Antes de los tres meses esperábamos que ocurriera algo así», comentó uno de los agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).
En un segundo comunicado, la Dgspc explicó que mantienen las visitas conyugales y de
familiares que llevan medicamentos a los internos, pero suspendieron el resto de las visitas.
Quejas
Pese a las medidas de control, varios familiares expresaron inconformidad con las condiciones de acceso y los protocolos de seguridad aplicados durante las visitas.
Una mujer que viaja desde La Victoria para visitar a su pariente denunció el trato recibido durante las requisas.
«Nos ponen sobre dos blocks y nos dicen que nos abramos como hacemos con nuestros maridos y que hagamos 15 cuclillas. Eso es un irrespeto«, afirmó junto a otras visitantes.
También surgieron quejas sobre la limitada disponibilidad de productos alimenticios en las áreas de venta.
«Unas cuantas galletas y cositas así«, comentó una joven que pidió reserva de su identidad por temor a que sus declaraciones afectaran a su pareja recluida en el penal.
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