Son tres realidades que reflejan distintas respuestas del Estado frente a los delitos más graves. Una parte del Caribe conserva la posibilidad legal de imponer la muerte como castigo; Líbano decidió eliminarla después de más de dos décadas sin ejecuciones, y la República Dominicana mantiene la protección constitucional de la vida, pero amplía hasta varias décadas el tiempo que una persona puede permanecer privada de libertad.

El Caribe aún conserva la pena capital

Entre los países caribeños que mantienen la pena de muerte para delitos comunes figuran Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Granada también conserva la pena capital en su legislación, aunque es considerada abolicionista en la práctica.

La existencia de esas disposiciones legales no significa, sin embargo, que las ejecuciones sean frecuentes. Ningún país del Caribe realizó ejecuciones durante 2025, según Amnistía Internacional. Estados Unidos fue el único país de las Américas que ejecutó personas durante ese año.

Trinidad y Tobago sobresale dentro del panorama regional. Al finalizar 2025 mantenía 38 personas condenadas a muerte y fue el único país caribeño donde se registraron nuevas sentencias de muerte durante ese año. Granada y San Vicente y las Granadinas tenían una persona cada uno bajo sentencia de muerte.

Otros Estados, pese a conservar la pena capital, terminaron 2025 sin personas condenadas a muerte. Ese fue el caso de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.

La región acumula un prolongado período sin aplicar el castigo máximo. La última ejecución en el Caribe ocurrió en San Cristóbal y Nieves en 2008, una distancia considerable entre lo que permiten las legislaciones de algunos países y lo que ocurre en la práctica.

Líbano da el paso de la abolición

Ese contraste adquiere una nueva dimensión con la decisión adoptada esta semana por Líbano. Su Parlamento aprobó la abolición de la pena de muerte, convirtiendo al país en el primero de Oriente Medio en eliminar formalmente ese castigo de su legislación.

La decisión supone pasar de una abolición de hecho a otra establecida por ley. Líbano no realizaba una ejecución desde 2004, pero sus tribunales todavía podían imponer la pena capital por determinados delitos.

La nueva legislación dispone que los delitos cometidos antes de su entrada en vigor que podían ser castigados con la muerte serán sancionados con cadena perpetua. El ministro de Justicia libanés, Adel Nassar, calificó la decisión de «histórica».

El paso de Líbano resulta particularmente significativo por producirse en una zona donde la pena capital continúa teniendo una fuerte presencia. Su decisión abre una diferencia jurídica con otros países de Oriente Medio que mantienen y, en algunos casos, aplican regularmente la pena de muerte.

Lo hecho por el Líbano también permite establecer una comparación con el Caribe. Ambas regiones cuentan con países que durante largos períodos han mantenido la pena capital en sus códigos sin realizar ejecuciones. Líbano decidió ahora romper definitivamente esa distancia entre la legislación y la práctica eliminando el castigo de su ordenamiento jurídico.

RD: más cárcel, no pena de muerte

República Dominicana se encuentra en una posición distinta. La Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y establece la inviolabilidad del derecho a la vida. El nuevo Código Penal no modifica ese principio, pero sí introduce un endurecimiento significativo de las sanciones para las infracciones de mayor gravedad.

La reforma penal eleva la duración de las penas de prisión y establece hasta 40 años para determinadas infracciones muy graves, mientras que la acumulación de condenas puede llevar el tiempo efectivo de privación de libertad hasta un máximo de 60 años, conforme a las reglas establecidas para el concurso de infracciones.

El endurecimiento forma parte de una transformación más amplia del sistema penal dominicano. La nueva legislación sustituye un Código Penal que databa de 1884 e incorpora conductas delictivas que no estaban contempladas específicamente en aquella normativa.

Entre las figuras incluidas se encuentran el feminicidio, sicariato, ciberacoso, violencia económica, desaparición forzada, autosecuestro, instigación al suicidio, genocidio y crímenes de lesa humanidad, además de nuevas modalidades vinculadas al uso de tecnologías y a la inteligencia artificial.