El colectivo se reunió con la comisión especial de senadores que analiza la pieza y allí dijo que uno de los puntos más problemáticos es el artículo 59 de la pieza, que establece la posibilidad de que un tribunal ordene la eliminación de datos considerados difamatorios o injuriosos dentro de un proceso judicial.

La organización entiende que esta medida sería incompatible con la naturaleza de los procedimientos penales, en los que los fiscales y los abogados defensores presentan acusaciones que pueden contener afirmaciones sensibles, pero que forman parte del debido proceso.

Obstáculos

A su juicio, suprimir estos datos «podría obstaculizar la comprensión y documentación pública» de los casos judiciales, particularmente en asuntos de supuesta corrupción administrativa.

«Las acusaciones judiciales presentan datos que pueden ser para el imputado difamatorios, pero es parte de una acusación, entonces, tiene que haber una eximente en estos casos», sostuvo Leidy Blanco, quien representó a Participación Ciudadana en el encuentro.

El artículo 59 al que se refiere Participación Ciudadana está contenido en el proyecto de ley de expresión y medios audiovisuales y establece, en su primer párrafo, que un tribunal podrá ordenar que se supriman de cualquier proceso judicial los datos que se consideren difamatorios.

Eliminar informaciones

En esa misma línea, la entidad cuestionó el alcance del artículo 23 sobre el derecho al olvido, que permite solicitar la desindexación de información cuando se demuestre un daño cierto y sustantivo a la vida privada.

En el ámbito de la comunicación, la desindexación se refiere a la eliminación de los índices de los motores de búsqueda, como Google, para que no aparezcan en los resultados de búsqueda. Esto no elimina la información de la web, sino que la hace invisible al momento de rastrearse en internet.

Aunque el artículo incluye una excepción para funcionarios y personas de relevancia pública, Participación Ciudadana considera necesario que se agregue expresamente que los procesos judiciales no deben ser objeto de desindexación ni eliminación, debido a su carácter público y al interés general que representan.

Preservar informaciones

Además de esas inquietudes, la organización discutió con los senadores el artículo nueve sobre los archivos informativos, que otorga a los medios el derecho de preservar informaciones «veraces».

Según Participación Ciudadana, esta formulación podría convertirse en una amenaza para el trabajo periodístico, ya que permitiría presionar a los medios para borrar contenidos que, aunque verídicos, sean cuestionados por distintos actores. La ambigüedad del término «veraz» podría abrir la puerta a censura o eliminación de informaciones relevantes, según expresó el grupo.

El Inacom

Otro aspecto observado por la institución es la propuesta de que los miembros del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) tengan un mandato de solo dos años.

A juicio de la organización, un período tan corto limita la estabilidad e independencia del órgano, por lo que propusieron que el plazo sea de cuatro años para garantizar «un funcionamiento más sólido y autónomo».

La comisión de senadores que revisa el proyecto de ley, dirigida por la congresista Aracelis Villanueva, se reunirá el próximo miércoles para seguir el estudio de la pieza.

La senadora dirigente dijo que, aunque los legisladores no tienen una fecha pautada para concluir con la iniciativa, la llevarán con toda la calma que amerita su análisis.