Estos funcionarios edilicios ofrecen explicaciones que incluyen dificultades técnicas, circunstancias personales  y simple descuido de su parte.

En Monción, el alcalde José Napoleón Espinal admite claramente su responsabilidad: «Yo soy culpable, es una dejadez mía». Su demora, según dijo, se debe principalmente a una propiedad rural sin documentación adecuada y a una yipeta adquirida pero no traspasada a su nombre.

Espinal reconoce abiertamente que esta situación es más un tema de dejadez personal que un problema generado por las exigencias formales del órgano fiscalizador.

«Es del formalismo en cuanto a propiedades -insiste-. Pero yo no tengo nada que presentar. Yo, lo que he sido, es un servidor público. El problema es más personal, porque ellos te piden y tú tienes que corregir; el problema es mío, no de la Cámara de Cuentas (…) Estoy ahí porque a mí me gusta ayudar a la gente».

La situación en Tábara Arriba tiene matices distintos. Alberto Rafael Beltré aseguró haber enviado su declaración hasta en tres ocasiones, pero todas han sido rechazadas debido a errores poco específicos, según él.

Mencionó que está buscando nuevamente certificaciones bancarias para realizar un cuarto intento, dejando entrever una mezcla de desconcierto y resignación ante un proceso que percibe complicado.

Por otro lado, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, subraya que el problema radica en la complejidad y rigidez de la plataforma tecnológica.

Según Rodríguez, el formulario electrónico no permite explicar circunstancias particulares, como propiedades en proceso de herencia o inversiones incompletas, dificultando notablemente el cumplimiento del trámite. Insistió en que el proceso debería simplificarse para no convertirse en un obstáculo adicional para quienes buscan cumplir sus responsabilidades públicas.

Tener 26 hermanos

En Dajabón, el alcalde Santiago Riverón se enfrenta a una dificultad singular relacionada con su extensa familia.

Con 26 hermanos, asegura que la Cámara de Cuentas le exige una serie de datos familiares que han complicado la presentación de su declaración, la cual ha enviado dos veces.

Aunque anteriormente completó este trámite sin problemas, en esta ocasión parece haber encontrado requisitos adicionales inesperados, llevando a un proceso que él describe con evidente frustración.

Carlos Matos Peña, alcalde de Mella, menciona una complicación técnica adicional: cambios en la plataforma informática justo cuando intentaba completar su declaración. Este problema generó, según dijo, atrasos significativos, dejándolo fuera del plazo reglamentario.

En Hondo Valle, Donaciano de la Cruz enfrenta problemas específicos con la tasación de una parcela, requisito indispensable para finalizar correctamente el trámite. «El problema fue que la parcela no tiene asociación. Hay un valor que no está en el documento; estamos trabajando para entregarlo», dijo.

Desde Nizao, el alcalde Iván Novi Reyes indicó que, aunque la declaración está prácticamente terminada desde hace meses, persisten problemas para subirla al sistema de la Cámara de Cuentas, describiendo los últimos detalles técnicos como especialmente engorrosos. «Es un asunto de subir al sistema«, alegó.

Francisco Solano Hernández, alcalde de Sabana de la Mar, defendió firmemente haber cumplido con el requisito legal y aseguró que la aparición de su nombre entre los incumplidores debe tratarse de un error administrativo, situación que pretende aclarar oportunamente.

El alcalde de Laguna Salada, Germán Rodríguez, mencionó otro tipo de contratiempo tecnológico. La pérdida del acceso a su cuenta de correo electrónico luego de perder la cuenta del teléfono, donde tenía registrados los datos necesarios, complicó gravemente la finalización del trámite.

Actualmente, se encuentra en proceso de recuperar el acceso para poder cumplir con el requisito legal. «Ya tenemos todo al día, entonces yo tengo un nuevo correo, pero el correo donde estaba abierta la cuenta de la Cámara de Cuentas tuvo problemas», precisó.

José del Rosario, alcalde de El Llano, abordó la situación desde otra perspectiva, sugiriendo que la demora no debería ser preocupante dado que su declaración anterior refleja más deudas que activos. Esto implica, según él, que la urgencia de cumplir formalmente es menor en su caso.

«Sé que la estamos violando (la ley), porque desde que uno inicia, uno debe hacer la declaración jurada. Pero como yo soy un alcalde que repitió e hice la declaración jurada en el 2020, en vez de tener dinero, tengo deudas. Yo dije: bueno, no es tan relevante que uno se vuelva loco haciéndola rápido, porque pueden tomar el parámetro del 2020 hasta la fecha», dijo Del Rosario.

Juan Ventura Jiménez, alcalde de Los Llanos, indicó que su declaración se encuentra avanzada en un «92 o 94 %», detallando que la información pendiente corresponde a datos relacionados con su esposa.  Espera resolver este tema rápidamente para cumplir con su obligación legal.

En Villa Jaragua, Iván Medina enfrenta dificultades para encontrar un agrimensor disponible que pueda realizar la tasación requerida por la Cámara de Cuentas. Este requisito, según él, ha retrasado significativamente su proceso, llevándolo fuera de los plazos establecidos.

Dos salientes

Alberto Brito Quiroz, exalcalde del municipio de Castillo, provincia Duarte, aseguró que preparó y envió la declaración jurada de patrimonio correspondiente a su gestión (2020-2024), pero afirmó que nunca recibió respuesta.

«Voy a averiguar qué pasó», dijo, aclarando que no tiene inconveniente en presentarla nuevamente si fuera necesario.

Por su parte, Cristian Encarnación, exalcalde del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, sostuvo que cumplió con el trámite digital inmediatamente después de terminar su mandato en abril de 2024, aunque la Cámara de Cuentas quedó pendiente de avisarle cuándo debía depositar los documentos en físico.

«Lo único que falta es llevar los documentos físicos, pero ya todo está listo en el sistema. Quedaron de avisarme por correo y aún no lo han hecho», puntualizó.

Por otro lado,  vale destacar que la mayoría de los alcaldes, 111, cumplieron con el requisito legal oportunamente.  Mientras que, entre los cargos públicos municipales electos, más de 1,800 no terminan su declaración, en incumplimiento de la Ley 311-14 que establece la obligatoriedad y los plazos para la presentación de la declaración jurada de patrimonio.

Esta violación puede derivar en sanciones, aunque en la práctica estas sanciones rara vez se aplican con rigurosidad.