Las observaciones forman parte del informe sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado de 2025, aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas el 27 de abril y publicado recientemente. El órgano auditor atribuyó ambos hallazgos a una «deficiente gestión en la programación y ejecución de la inversión pública» y a la falta de articulación entre la planificación y el presupuesto.

Los 379 proyectos sin ejecutar habían recibido inicialmente 2,935.1 millones de pesos. Durante el año esa asignación fue reducida en más de un 80 %, hasta 578.2 millones de pesos, pero ninguno registró ejecución. En ese mismo período, el Gobierno incorporó y ejecutó otros proyectos que no figuraban en el presupuesto aprobado por el Congreso.

La Dirección General de Presupuesto (Digepres) respondió que esas obras fueron incorporadas mediante la Ley 86-25, que modificó el presupuesto durante el año. Sin embargo, la Cámara mantuvo su observación al considerar que la incorporación de un número tan elevado de proyectos después de aprobado el presupuesto evidencia deficiencias en la planificación inicial.

Como ejemplo de las inversiones que quedaron pendientes, el informe cita tres sistemas de riego en Azua, Dajabón y Puerto Plata que terminaron el año con ejecución cero. También señala proyectos sin avances en Santiago Rodríguez y en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

La Cámara también cuestionó el proceso de planificación de las inversiones. Indicó que el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) contemplaba 2,023 proyectos para 2025, mientras que en el Sistema de Gestión Financiera solo aparecieron registrados 1,968, una diferencia de 55 proyectos. Además, el presupuesto inicial solo asignó poco más de la mitad de los recursos previstos en ese plan.

La deuda creció

La Cámara de Cuentas advirtió que la deuda del Sector Público no Financiero pasó de 47.37 % del PIB en 2024 a 48.59 % en 2025, alejándose de la meta fijada en la Ley de Responsabilidad Fiscal (35-24), que establece reducir ese indicador al 40 % para 2035.

El informe también observó que el Gobierno continúa incluyendo en el presupuesto operaciones de crédito autorizadas en años anteriores que nunca llegaron a concretarse. De las 40 previstas para 2025, 32 ya figuraban en presupuestos anteriores y casi la mitad llevaba más de tres años repitiéndose sin ejecutarse.

Ayuntamientos incumplen normas de transparencia

En el ámbito municipal, la auditoría detectó incumplimientos generalizados en materia de transparencia y control financiero. El 85.68 % de los ayuntamientos y juntas distritales mantenía desactualizados o sin información sus portales de transparencia, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

• Además, 63 gobiernos locales contrataron préstamos por 243.3 millones de pesos sin la autorización previa del Ministerio de Hacienda. La Cámara también identificó casos en los que dos entidades municipales contrajeron deudas con personas físicas.

Fideicomisos públicos

El informe detectó una diferencia de 9,727.6 millones de pesos entre los montos reportados por Fiduciaria Reservas y los registrados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), una situación que, según la Cámara, dificulta la trazabilidad y fiscalización de esos recursos.

Diferencias en activos y estimaciones de ingresos

Entre los demás hallazgos, la Cámara señaló que las estimaciones de ingresos no reflejaron adecuadamente el comportamiento real de algunas instituciones. Como ejemplo citó al Banco de Reservas, que registró ingresos por rentas de la propiedad equivalentes al 308.46 % de lo presupuestado inicialmente, una diferencia que, según el informe, evidencia fallas en la formulación del presupuesto.

El órgano auditor también detectó diferencias por 979,837 millones de pesos entre los activos reportados por las instituciones públicas y los registros consolidados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog). Atribuyó esa brecha a que numerosas entidades aún no han inventariado ni registrado todos sus bienes, situación que contribuye a que el Gobierno Central presente un patrimonio neto negativo de 1.29 billones de pesos al cierre de 2025.