El gremio, que reúne a más de 42 empresas del sector extractivo, destacó que el convenio representa un hito importante para la industria, consolidando un modelo de minería moderna, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente.

El director ejecutivo de la Cámara Minera, Martín Valerio, resaltó el papel del Ministerio de Energía y Minas como facilitador institucional del diálogo, así como la intervención de la Iglesia católica, en la persona de monseñor Tomás Morel Diplán, y del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. Ambos desempeñaron un rol crucial como garantes del proceso, contribuyendo a que se alcanzara un consenso basado en la gobernanza participativa y el desarrollo territorial, dijo.

Los puntos

El acuerdo contempla una inversión superior a los RD$20,000 millones.

Entre sus principales puntos figuran la construcción de viviendas dignas, acceso a servicios esenciales, implementación de programas de apoyo psicosocial, iniciativas para la generación de ingresos, fortalecimiento educativo y fomento de la convivencia comunitaria.