• Las compañías de Jochi Gómez o vinculadas a él están acusadas de controlar fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia (espionaje), y contrabando de equipos para espionaje en las elecciones durante la pandemia del COVID-19. Además, de movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar acciones típicas de lavado de activos. El Ministerio Público lo acusa del «sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto 2024, lo que constituyen actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado dominicano».

Jochi Gómez fue dejado detenido el tres de octubre del pasado 2024 luego de ser interrogado por más de cuatro horas en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca). Luego se le dictó prisión preventiva. El 13 de noviembre del mismo año fue dejado en libertad tras el pago de una fianza de cinco millones de pesos.

Las compañías y sus acciones, según el MP

A continuación los nombres de las empresas, los contratos firmados con el Intrant y sus alegadas actividades irregulares.

Transcore Latam, S.R.L., empresa controlada por José Ángel Gómez Canaán a través de testaferros y socios nominales, fue utilizada para ejecutar «contratos fraudulentos» con el Intrant, principalmente en el proceso INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, mediante el cual obtuvo pagos millonarios por servicios inexistentes o sobrevaluados. Con esos fondos se realizaron transferencias internacionales, importación de vehículos de lujo y pagos a empresas vinculadas al mismo entramado. También, era la empresa que poseía los controles remotos de la red semafórica, interconectados con Aurix S.A.S., siendo las responsables del sabotaje a dicha red. Su participación constituye estafa agravada contra el Estado, desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores.

PagoRD Xchange, S.R.L., creada formalmente para gestionar pagos electrónicos del Intrant, en realidad fue una estructura fraudulenta dirigida por Gómez Canaán, que se apropió indebidamente de los ingresos públicos bajo el pretexto de cobrar comisiones por servicios. Además de sustraer fondos del Estado, realizó transferencias millonarias hacia OML, Transcore y cuentas personales de Gómez Canaán, y adquirió bienes de lujo en el país, como un apartamento en el Residencial Logroval XVI y una villa en Punta Cayuco, Cap Cana. El Ministerio Público dice que su actividad encuadra en los delitos de estafa contra el Estado, lavado de activos y asociación de malhechores.

Industria Soltex Dominicana, S.R.L., empresa vinculada indirectamente a Gómez Canaán, recibía fondos de origen ilícito provenientes del entramado, los cuales luego eran reintroducidos en la economía formal mediante operaciones comerciales aparentes. Desde sus cuentas se efectuaron pagos destinados a operaciones de contrabando y lavado transnacional, constituyendo una pieza de apoyo financiero en la estructura criminal, con participación en lavado de activos, contrabando y asociación de malhechores.

Dekolor S.R.L., beneficiaria del contrato INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, fue utilizada para encubrir el desvío de ingresos públicos mediante adendas irregulares y sobrevaluaciones, en connivencia con funcionarios del Intrant y con Gómez Canaán, quien controlaba indirectamente su accionar. La empresa consolidó el monopolio de emisión y renovación de licencias, manipulando tarifas y sistemas informáticos. Su actuación configura los delitos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsedad ideológica y lavado de activos.

Aurix S.A.S., empresa de José Ángel Gómez Canaán, fue «presentada falsamente» como una firma de seguridad e inteligencia. Sin embargo, el expediente señala que su verdadera función era servir de instrumento de espionaje, sabotaje tecnológico y ocultamiento patrimonial, interconectando ilícitamente los sistemas de videovigilancia y semaforización del Estado a una red privada bajo control de Gómez Canaán. «Carece de patrimonio y estructura empresarial real», establece. Su operación se enmarca en los delitos de terrorismo, sabotaje a infraestructuras críticas, lavado de activos y asociación de malhechores.

Inprosol, S.R.L., empresa vinculada directamente a Transcore Latam, S.R.L., participó activamente en la movilización y ocultamiento de fondos ilícitos provenientes de los contratos fraudulentos. Sus cuentas recibieron y transfirieron montos significativos a favor de Gómez Canaán y de sus allegados, funcionando como empresa de paso (vehículo financiero) dentro del esquema de lavado, además de justificar las transferencias con supuestas actividades de servicios, con el fin de aparentar actividad comercial alguna. Se le atribuyen los delitos de lavado de activos, complicidad en estafa contra el Estado y asociación de malhechores.

OML Inversiones, S.R.L., empresa de papel utilizada por José Ángel Gómez Canaán para adquirir bienes inmuebles de alto valor con fondos sustraídos del Estado. Entre sus propiedades se destacan apartamentos de lujo en el Residencial Logroval XVI del Distrito Nacional e inmuebles en Jarabacoa y Cap Cana, registradas a su nombre, «pero financiadas con dinero proveniente de contratos irregulares». «Su operación constituye un clásico mecanismo de encubrimiento patrimonial, siendo vehículo directo de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores», dice el Ministerio Público.