Este fue el eje central del conversatorio proyecto de Ley de Libertad de Expresión, realizado este miércoles en el campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

El encuentro reunió a los periodistas Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre y Fausto Rosario, director del periódico Acento, y a los abogados Eric Raful y Jimena Conde, con la moderación de la periodista Edith Febles.

Los especialistas coincidieron en que el proyecto sometido al Congreso Nacional no constituye una «ley mordaza«, sino un instrumento que busca equilibrar derechos y responsabilidades en un ámbito mediático cada vez más complejo.

Durante su exposición, de Castro dijo que las razones que están detrás de la oposición del proyecto surgen por el crecimiento de los medios electrónicos y la necesidad de distinguir entre el periodismo profesional y el uso general de plataformas digitales por parte de usuarios.

«Yo creo que la oposición al proyecto es una consecuencia del desarrollo que han tenido los medios de comunicación, sobre todo los medios electrónicos. Pero también porque marca una diferencia entre lo que es el periodismo profesional y lo que es el uso de los medios de comunicación, de los medios electrónicos, de las distintas plataformas para cualquier tipo de comunicación. Y por eso deberíamos establecer una diferencia entre los que somos periodistas y los que son usuarios de las redes o de las plataformas digitales«, expuso.

Hizo énfasis en que no todos deben ser llamados comunicadores y refirió que «la comunicación requiere una responsabilidad, profesionalidad, y eso no es necesariamente lo que nosotros vemos en la utilización de las plataformas digitales en el ecosistema digital».

Dijo que hay una especie de contradicción en el mundo de la comunicación entre el ejercicio de un derecho que es, al mismo tiempo, una práctica profesional y el ejercicio de ese mismo derecho que abre las compuertas al «desborde de pasiones, a discursos de odio… a una especie de subversión de lo que son las normas en una sociedad civilizada».

También se refirió a la etiqueta que muchos le han dado al proyecto: «ley mordaza«, al decir que ha ocurrido porque la propuesta está cónsona con lo que ocurre en el mundo, en el ecosistema digital.

Prosiguió: «Y es que, mediante la mentira y la creación de una realidad o verdad paralela, —lo que se ha dado por llamar posverdad o fake news— se pretende debilitar lo que es la verdadera realidad».

Asumir responsabilidades

Sostuvo que quien utiliza los medios de comunicación de manera masiva puede convertirlos en un arma efectiva de manera positiva, pero también negativa, y en ese punto enfatizó que no se puede pretender que sus mensajes no conlleven responsabilidades. «Tiene que conllevarlas», agregó.

No obstante, dejó claro que esa responsabilidad no supone una mordaza ni una censura, porque la censura en la República Dominicana está condenada, y la censura previa está condenada en la misma Constitución.

«Debe haber restricciones porque el derecho propio termina donde comienza el del otro. Entonces, tiene que haber restricciones. Uno puede decir lo que uno quiera, pero tiene que asumir la responsabilidad«, sentenció de Castro.

Atraso legislativo

De Castro dijo que la Ley 61-32, que regula la libre expresión del pensamiento, fue aprobada en el 1962, y «es en realidad una copia de una vieja ley de prensa en Francia».

Por lo que entiende que en «la República Dominicana hemos tenido un gran atraso en no adaptar nuestra legislación a los cambios que ha habido en el mundo en materia de la comunicación«.

Insistió que este nuevo proyecto de libertad de expresión, que espera se convierta en ley, sería una forma de actualización de la legislación dominicana en lo referente a los medios de comunicación.

Necesidad de la ley

El director del medio digital Acento, Fausto Rosario, resaltó la necesidad de la ley, destacando que hace falta una actualización, ya que cuando se aprobó la actual legislación de libre expresión no había modernos medios de comunicación como los de hoy.

«No se trata de medios que son regulados, que tienen un director, un jefe de redacción, un esquema de trabajo. En las redes sociales vemos que cada quien puede ser un desequilibrado mental… y lo que se diga se divulga, se viraliza y todo eso se ha convertido en una forma de extorsión, de exageración, de mentira», dijo.

Rosario advirtió que ese formato trae consecuencias inmediatas y afecta directamente a los medios de comunicación. «Y es que los medios en general pierden credibilidad», añadió.

Citó un informe del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, afiliado a la Universidad de Oxford, sobre el consumo de medios, que establece que hay países como Brasil, donde la credibilidad de los medios es apenas de un 32 % porque la gente ha dejado de creer en los medios de comunicación y porque la mentira es la norma.

Invitan a estudiar el proyecto

«El proyecto pretende, en parte, regular que no haya un descontrol de la información, de la libertad de expresión. Porque en un contexto donde se use el abuso, no es libertad. Y ante el abuso, no hay libertad», sostuvo la abogada Jimena Conde.

Pero más allá de la necesidad del proyecto y la polémica por ciertas creencias de censura, Conde abordó sobre las bondades de la pieza legislativa.

Expuso que el proyecto tiene una consagración expresa del derecho al internet, es decir, el acceso al internet de forma equitativa, de forma económicamente accesible.

¿Pero por qué nadie habla de eso? —se cuestionó—. «Porque lo que causa morbo son las plataformas digitales y un grupo de personajes», dijo durante el panel.

Por tal razón, la también profesora de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Pucmm instó a la sociedad a tomar el proyecto, revisarlo y estudiar sus partes, que lejos de dañar, busca mejorar el sistema de comunicación.

Errores en la percepción del proyecto

El abogado Eric Raful explicó que «hay errores de percepción, que yo quisiera atribuir, en parte, a la intención de algunos grupos que entienden que deben tener una patente de corso para hacer lo que quieran».

Cuestionó los señalamientos de que se trata de una «ley mordaza«, al afirmar que «con el ecosistema normativo actual y en el contexto del ecosistema comunicacional, es imposible tener una regulación adecuada sin una mejor tutela, no solo para los periodistas y usuarios, sino para toda la sociedad, que tiene derecho a una comunicación veraz».

Indicó que el artículo 74 de la Constitución «manda a la ley a desarrollar y regular los derechos fundamentales», y que el artículo 68 también remite a la ley para garantizar su tutela.

El proyecto, según explicó, revalida principios ya consagrados como la prohibición de la censura previa, y añade nuevas disposiciones como el principio de no censura indirecta.

Aclaró que el proyecto regularía figuras «como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que opera como un verdadero monstruo legítimo, sin control legal. Sin embargo todo lo que está en el proyecto está sujeto a que se maneje con orden».

Sobre la dirección del nuevo órgano regulador, el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), aseguró que su función principal será promover y garantizar la libertad de expresión«.

• También defendió que los usuarios de plataformas digitales estarán protegidos. «El proyecto obliga al Instituto a acompañarlos cuando plataformas ejerzan actos de discriminación que afecten sus derechos».

Agregó que «incluso, el proyecto obliga a las grandes plataformas a transparentar sus algoritmos», y citó el artículo 100 como ejemplo de previsión legal: «Los medios de comunicación tienen derecho a preservar sus archivos informativos en línea, sin estar sujetos a la garantía de veracidad, sino al ejercicio del derecho a la información«.