El episodio es especialmente significativo porque el estado había revisado su sistema de ejecuciones después de problemas anteriores y porque este es el segundo procedimiento que Tennessee no consigue completar en apenas cinco meses. En mayo tampoco pudo ejecutar a Tony Carruthers debido a dificultades para establecer adecuadamente las vías intravenosas.

El precedente de un hombre que sobrevivió a la silla eléctrica

El antecedente jurídico más importante se remonta a hace casi 80 años.

En mayo de 1946, Willie Francis, un joven condenado por asesinato en Louisiana, fue colocado en la silla eléctrica. El verdugo accionó el mecanismo, pero Francis no murió, aparentemente debido a una falla del equipo. Fue retirado de la silla y devuelto a su celda. Louisiana decidió intentarlo nuevamente.

El caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos bajo el nombre Louisiana ex rel. Francis v. Resweber. En enero de 1947, el máximo tribunal determinó que una segunda ejecución no violaría, en aquellas circunstancias, las protecciones constitucionales contra el doble castigo ni la prohibición de castigos crueles e inusuales.

La mayoría consideró determinante que el primer fracaso hubiese sido producto de un accidente y no de una intención de infligir sufrimiento adicional. La Corte entendió que un fallo imprevisible del equipo no convertía automáticamente un segundo intento en un castigo constitucionalmente prohibido.

Francis fue ejecutado finalmente en mayo de 1947.

Pero incluso aquella decisión estuvo lejos de ser unánime. La disidencia consideró que someter nuevamente al condenado a una corriente destinada a matarlo planteaba precisamente el tipo de problema constitucional que debía impedirse. Esa división adquiere relevancia ahora porque muestra que la constitucionalidad de repetir una ejecución depende de las circunstancias concretas en las que fracasó el primer intento.

Romell Broom: otra ejecución que no pudo completarse

Un precedente mucho más reciente surgió en Ohio.

En 2009, funcionarios penitenciarios intentaron durante aproximadamente dos horas establecer una vía intravenosa para ejecutar a Romell Broom. No consiguieron hacerlo y el procedimiento fue suspendido.

Broom alegó que someterlo nuevamente a una ejecución violaría tanto la prohibición de doble castigo como la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

La Corte Suprema de Ohio rechazó su argumento en 2016 y autorizó que el estado volviera a intentar ejecutarlo.

Pero el razonamiento contiene una diferencia fundamental respecto de Pike: el tribunal determinó que la ejecución de Broom nunca había comenzado jurídicamente, porque los medicamentos letales no habían entrado en su organismo. El equipo había intentado colocar repetidamente un catéter intravenoso, pero abandonó el procedimiento antes de administrar las drogas.

Broom murió por causas naturales en 2020 antes de que Ohio realizara un segundo intento.

La diferencia Pike

Ese es precisamente el punto que puede convertir el caso de Christa Pike en un nuevo territorio jurídico.

Tennessee no suspendió el procedimiento porque fuera imposible colocar una vía antes de administrar las sustancias. Según la información disponible hasta este jueves, Pike recibió el pentobarbital y posteriormente recibió la segunda tanda prevista para el supuesto de que la primera no provocara su muerte.

Al Jazeera destaca esta diferencia al analizar qué puede ocurrir después del fracaso. Robin Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center, señaló que existen casos de personas que sobrevivieron a intentos de ejecución porque los funcionarios no consiguieron acceso intravenoso, pero calificó lo sucedido con Pike como un fracaso sin precedentes por haber recibido las dos administraciones.

The Washington Post, que había seguido la batalla judicial durante las horas previas a la ejecución, documentó que Pike había obtenido temporalmente una suspensión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito mientras se examinaba si sus antecedentes de abuso sexual habían recibido una consideración adecuada en el proceso. Tennessee recurrió y la Corte Suprema permitió posteriormente continuar con la ejecución.

The Guardian también recoge este jueves que Pike permaneció con vida después de las dos administraciones y que el gobernador suspendió las ejecuciones restantes mientras una investigación independiente determina qué falló.

¿Qué ocurre ahora?

El precedente de Willie Francis demuestra que sobrevivir a una ejecución no extingue automáticamente una sentencia de muerte. El caso de Romell Broom confirma, además, que los tribunales estadounidenses han permitido programar nuevamente una ejecución cuando el primer procedimiento tuvo que ser abandonado.

Pero ninguno reproduce exactamente lo ocurrido con Pike.

En Broom, los fármacos nunca fueron administrados. En Francis, una falla eléctrica impidió completar la ejecución. Pike, en cambio, llegó a la fase en la que el Estado introdujo en su organismo el medicamento destinado a matarla y después repitió la administración contemplada por el protocolo cuando la primera no produjo el resultado esperado.

Esa diferencia previsiblemente será central si Tennessee solicita una nueva fecha y los abogados de Pike vuelven a los tribunales alegando que someterla a otro procedimiento vulneraría la Octava Enmienda.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19, cuando ambas participaban en un programa de formación laboral en Knoxville. Tenía 18 años cuando cometió el crimen y debía convertirse el miércoles en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años.

En lugar de cerrar un caso que llevaba tres décadas en los tribunales, el intento fallido abrió otro capítulo judicial. La cuestión ya no es únicamente por qué Tennessee no consiguió ejecutar a Christa Pike, sino si la Constitución le permitirá intentarlo nuevamente después de haber llegado tan lejos en el primer procedimiento.