Esto último fue confirmado por la misma institución que, en su respuesta a una solicitud de información hecha en enero pasado, se negó a compartirlos y pidió «esperar a que sean oficializados a través del Poder Ejecutivo los informes finales de las auditorías«.

La entidad negó nuevamente compartir los informes en otra solicitud hecha en agosto y respondió con una carta en la que el contralor, Geraldo Espinosa Pérez, se amparó en la Ley 10-07 (que la regula) para asegurar que no tiene la obligación legal de publicarlos.

La retención de estas informaciones evidencia un cambio de la política gubernamental al respecto, pues en el 2020 el presidente Luis Abinader ordenó realizar auditorías a todas las instituciones públicas durante la gestión anterior y en 2022 mandó a hacer lo mismo con los funcionarios de su administración. También dispuso la publicación de sus resultados, en concordancia con su discurso de transparencia y rendición de cuentas.

Pero esas publicaciones no se cumplieron en la cantidad prometida y se detuvieron a partir del 2023. Actualmente, hay 38 auditorías publicadas en la página web de la Contraloría, de las cuales apenas tres corresponden al 2026, un número reducido frente a las 390 auditorías ejecutadas entre 2023 y 2025. Esto significa que las publicadas representan alrededor del 9.7 % de las realizadas en ese período.

• La gran cantidad de auditorías realizadas al Gobierno pasado tampoco está disponible en la página web de la institución. Estos trabajos contables costaron recursos públicos, pues para realizarlos fue necesaria la contratación de firmas privadas.

La Contraloría también ha retenido auditorías que ya fueron objeto de solicitudes específicas. Diario Libre tuvo acceso en agosto, a través de una fuente, a dos realizadas al Ministerio de Agricultura: una correspondiente al período 2020-2023 y otra del 2024. Sin embargo, la institución se negó a referirse a ellas bajo el argumento de que eran preliminares.

Sin embargo, el propio contralor había advertido en junio al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, que la auditoría pasaría a ser definitiva ante su negativa a entregar las réplicas a los hallazgos detectados.

Defiende la confidencialidad

El contralor en funciones, Geraldo Espinosa Pérez, defiende la facultad de la institución de reservarse estas informaciones, una postura que contrasta con la de su antecesor, Luis Rafael Delgado, quien afirmó en el 2020: «Tras auditar, la población será debidamente informada de los resultados, pues los funcionarios públicos manejan recursos del Estado, pero no de su propiedad».

Espinosa Pérez asegura que la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, no obliga a la Contraloría a publicar sus auditorías.

«La conclusión de un informe de auditoría interna tiene como finalidad primordial contribuir a que la entidad auditada adopte las medidas necesarias para corregir las situaciones identificadas… sin que ello implique que la publicación del informe constituya un requisito inherente a la culminación del trabajo de auditoría»,

El funcionario también apeló al rol del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, para que estos informes se ventilen públicamente.

«La referida ley establece, entre las atribuciones de la CGR, la emisión de los informes derivados de las evaluaciones, inspecciones y auditorías realizadas, así como su correspondiente remisión al Poder Ejecutivo y a las entidades y órganos que correspondan», indicó.

La Ley 200-04

Sin embargo, la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 6 que la administración pública debe proveer la información contenida en documentos que haya creado o que se encuentre bajo su posesión y control.

El párrafo de ese artículo establece, además, que se considera información de interés público la documentación financiera relativa al presupuesto del Estado.

La misma ley establece que pueden excluirse del libre acceso «aquellos borradores o proyectos que no constituyen documentos definitivos y que por tanto no forman parte de un procedimiento administrativo«.

El artículo 30 establece que el funcionario público o agente responsable que «en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida», podría acarrear una pena privativa de libertad de seis meses a dos años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.