El anteproyecto fue recibido y será estudiado por los senadores Daniel Rivera y Guillermo Lama, ambos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras una propuesta impulsada por el abogado Paul José Maldonado. Busca «llenar un vacío» constitucional ya que el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene un plazo fijo ni obligatorio para evaluar y renovar a los jueces de las altas cortes, lo que provoca que los magistrados se excedan de su periodo.

Para sustentar el anteproyecto, Maldonado citó como ejemplo la situación actual en la que alrededor de 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cumplieron su periodo en abril de este año, pero aún no han sido evaluados para ratificarlos o removerlos, lo que los ubica en sus cargos más allá del período para el que fueron escogidos.

Las fechas propuestas

El proyecto no modifica la duración de los períodos constitucionales, pero sí propone establecer fechas concretas para el inicio y finalización de las funciones.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia, la propuesta plantea fijar el 7 de enero como fecha oficial de inicio y culminación de los períodos de sus jueces.

Para el Tribunal Constitucional se propone el 23 de enero, mientras que para el Tribunal Superior Electoral se plantea el 15 de enero.

Maldonado sostuvo que actualmente los retrasos del Consejo Nacional de la Magistratura generan «incertidumbre institucional» y permiten que funcionarios continúen ejerciendo más allá del tiempo para el cual fueron designados.

Seguridad jurídica

De acuerdo con el documento de propuesta, el objetivo es fortalecer «la seguridad jurídica, la institucionalidad democrática y el respeto íntegro a los períodos constitucionales» de los funcionarios designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El anteproyecto también plantea obligar al CNM a proceder, dentro de un plazo fijo y determinado, a la confirmación o sustitución de los jueces y procuradores una vez concluya el período para el cual fueron escogidos.

La pieza sostiene que actualmente existen «vacíos interpretativos» en la Constitución sobre la culminación de funciones de los jueces y procuradores designados por el CNM, debido a que la Carta Magna establece cuánto duran los períodos, pero no determina con exactitud la fecha de inicio y vencimiento de las funciones.

Según la propuesta, esa situación provoca retrasos en los procesos de evaluación y sustitución de magistrados, permitiendo que algunos permanezcan en funciones aun después de haber vencido el tiempo constitucional para el que fueron electos.

Entre los objetivos citados en el anteproyecto figuran garantizar el «cumplimiento estricto» de los períodos constitucionales y reforzar los principios de igualdad, razonabilidad y seguridad jurídica frente a los demás poderes del Estado.

La iniciativa también argumenta que establecer fechas exactas permitiría que abogados y ciudadanos interesados en aspirar a posiciones en las altas cortes conozcan con anticipación cuándo serán convocadas las vistas públicas y los procesos de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura.