La iniciativa, que había sido sometida a un amplio proceso de revisión en el Senado y recibió más de 60 modificaciones antes de ser aprobada por esa cámara, volvió a ser introducida con dos proyectos distintos en la actual legislatura y con el reto de avanzar esta vez por ambas cámaras, para lo que dispone de casi cinco meses más de legislatura que los que tuvo la pasada.

El proyecto de ley de reforma policial nació en diciembre de 2025, cuando fue depositado por el Poder Ejecutivo en el Senado. La pieza tardó siete meses en ser aprobada por esa cámara, en un período marcado además por cuestionamientos al accionar policial, entre ellos el caso de Darlin Mercado, un joven que murió durante un operativo policial en Herrera.

La aprobación del Senado supuso una carga para la Cámara de Diputados, que recibió un voluminoso proyecto de más de 300 artículos y con más de 60 cambios hechos por los senadores al proyecto original del Gobierno.

A la extensión del proyecto se sumó el poco tiempo disponible para su estudio. La Cámara de Diputados recibió la pieza cuando faltaban pocos días para el cierre de la legislatura, que concluyó el 26 de julio pasado, lo que dificultó que agotara el proceso legislativo antes de que la iniciativa perimiera.

Actores principales

Esta vez, con el inicio de la nueva legislatura que se extenderá hasta el 12 de enero del 2027, los congresistas tienen en sus manos dos proyectos y una segunda oportunidad para aprobar la delicada reforma.

Detalles de la reforma

Una de las piezas es autoría del senador Franklin Romero y la otra fue elaborada por el diputado Carlos Sánchez. Ambos son del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y también son los presidentes de las comisiones de Interior y Policía en ambas cámaras congresuales.

La reforma modifica la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional y plantea cambios en la organización y funcionamiento de la institución, así como en la carrera policial, la formación de los agentes y la regulación del uso de la fuerza.

También contempla nuevas categorías dentro de la Policía y mecanismos para fortalecer los controles internos y la profesionalización de sus miembros.

Entre las novedades planteadas se encuentra la creación de un Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial y de disposiciones relacionadas con los derechos, el bienestar y las compensaciones de los agentes. La propuesta también busca limitar la prestación de servicios policiales en instituciones del Estado, salvo determinadas excepciones.

El proyecto llega al Congreso en un momento en que el Gobierno mantiene la transformación de la Policía como una de sus principales apuestas en materia de seguridad, una promesa que ha impulsado desde el 2021.