Sin embargo, la acción ejecutiva coincide con un prolongado estancamiento legislativo en el Congreso, donde, a pesar de contar con una mayoría oficialista que facilitaría las aprobaciones, varios proyectos que buscan la protección ecológica permanecen congeladas desde 2025 sin lograr su aprobación definitiva.

El Congreso mantiene estancado un paquete de cuatro proyectos de ley específicos depositados por la diputada Llaniris Espinal. Sus propuestas buscan dotar al país de un andamiaje legal permanente, financiamiento garantizado y tipificaciones penales que el decreto actual no abarca.

Uno de los proyectos atrapados desde hace más de un año en la Cámara de Diputados propone incorporar al ordenamiento jurídico el delito de ecocidio, definido como el daño grave, extenso o duradero contra la biodiversidad y los ecosistemas.

La propuesta establece penas de 10 a 20 años de prisión y extiende la responsabilidad penal directa a las empresas y corporaciones mercantiles, permitiendo a los tribunales ordenar la clausura definitiva de las empresas infractoras, su disolución comercial y la confiscación de su patrimonio mediante la Ley de Extinción de Dominio.

Otro proyecto, bajo estudio desde junio de este año, busca declarar a la cordillera Central como «Territorio de Seguridad Nacional y Soberanía Ecológica«.

La propuesta prohíbe la exploración y explotación de minería metálica (como oro, plata y níquel) y extingue las concesiones existentes.

Para blindar al Estado frente a eventuales demandas internacionales, el proyecto determina que las concesiones sin licencia ambiental constituyen «meras expectativas de derecho» que no admiten compensación económica.

Además, propone obligar a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) a destinar de forma obligatoria no menos del 2 % de sus ingresos brutos a un fondo exclusivo para la restauración de ríos.

Además de esas propuestas, en la Cámara de Diputados se baraja otra pieza que declara la cordillera Septentrional como Patrimonio Natural de la República Dominicana.

La pieza establece la prohibición total de la minería metálica, con penas de seis a 20 años de reclusión para los infractores y contempla la creación de un Centro Tecnológico de Vigilancia Ambiental con sede en el Jardín Botánico de Santiago.

En cuanto a las áreas verdes y árboles del país, un proyecto depositado en marzo del 2025 busca regular el arbolado urbano y salvaguardar una franja obligatoria de protección de 30 metros en los márgenes de ríos urbanos.

Además, la pieza integra el reconocimiento de la personalidad jurídica de los árboles como seres vivos, otorgándoles representación legal similar al estatuto de las corporaciones corporativas.

El decreto

El nuevo decreto del Poder Ejecutivo se fundamenta en la necesidad de superar la debilidad de los marcos jurídicos previos, bajo los cuales los infractores solían recuperar la libertad en pocos días.

El Gobierno se ampara ahora en el nuevo Código Penal que entró en vigencia en agosto para aplicar condenas de 20 a 30 años de prisión a quienes atenten contra las áreas protegidas.

La disposición presidencial ordena operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración y los organismos de inteligencia del Estado.

Visiones del Gobierno y el Congreso

Por un lado, el Poder Ejecutivo recurre a la autoridad del decreto presidencial de seguridad nacional para militarizar las fronteras de los parques nacionales y aplicar penas drásticas de forma inmediata.

Por otro, el Congreso mantiene en pausa las reformas institucionales que regularían los delitos ambientales cometidos por empresas, prohibirían las extracciones de metales en las principales cordilleras de abastecimiento de agua y dotarían de recursos económicos directos a las políticas de conservación ambiental.