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Aun con la sobrecarga de trabajo, el servicio profesional brindado a todo acusado en un proceso penal, es considerado de calidad
Cualquiera que sea investigado por el Ministerio Público o enfrente una acusación concreta, tiene el derecho constitucional de solicitar la asistencia legal de un defensor público, que lo representará ante los tribunales sin cobrar honorarios.
Contrario a lo que podría ocurrir con otros servicios, la representación legal pública gratuita en el país, según procesados entrevistados por Diario Libre, es «muy buena» y «capacitada».
Aunque los usuarios sin recursos económicos son los que más demandan el servicio de un defensor público, estos profesionales están obligados a representar a personas pudientes que lo soliciten, también por el derecho a la igualdad y para garantizar la tutela efectiva que contempla la carta magna.
«Desde el mismo momento de la detención, nosotros entramos en vigencia, no importa el tipo penal, o sea, nosotros estamos habilitados», dice Ángela Maritza Ramírez, coordinadora departamental del Distrito Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
Un privado no le apeló en el plazo
Uno de dos procesados penalmente entrevistados por Diario Libre se lamentó de que, al empezar a conocerse la acusación en su contra por homicidio, pagó una defensa que se le olvidó apelar su condena de 15 años en el plazo establecido por ley, por lo que la sentencia fue firme desde primera instancia.
Su experiencia con el defensor público inició ya en la ejecución de la pena, etapa en la que el abogado del Estado lo representaba en las gestiones de la solicitud de cualquier beneficio que le otorgaba la ley, entre ellos permiso laboral o la libertad condicional, para lo cual, por el principio de igualdad entre las partes, se notifica a las víctimas y al Ministerio Público, que regularmente se oponían.
«El tema de los defensores públicos es que tienen demasiados privados de libertad a su cargo», sostuvo uno de los que compartieron su experiencia con este medio. Esta queja fue corroborada por el otro procesado. Se refieren a que el defensor público lleva a la vez cientos de casos.
El segundo consultado otorgó «un 10 de 10» a la defensoría pública e informó que la solicitó porque el abogado privado que contrató en un principio, se ofreció como garante durante la ejecución de su pena y «no podía ser su defensor a la vez».
Más de 26 mil casos
El año pasado ingresaron 26,449 peticiones de defensa a la ONDP, dos mil casos más que en el 2023, cuando se recibieron 24,415, según las estadísticas que posee esa institución en su página web.
De los más de 26 mil expedientes que ingresaron, 1,524 fueron correspondientes a menores de edad en conflictos con la ley.
Actualmente, trabajan 195 defensores públicos seleccionados por concursos de oposición y 129 abogados adscritos.
En abril de este 2025, un total de 80 abogados ganaron un concurso de oposición y se prepararán durante un año en la Escuela Nacional de la Judicatura para sumarse a ofrecer el servicio gratuito.
Defensor: «El trabajo es mucho y arduo»
«El trabajo es mucho, es arduo», respondió uno de los defensores públicos contratados por concurso, que rechazó identificarse y que dijo se le acumulan hasta 600 expedientes.
Tras varias protestas, el año pasado recibieron un aumento salarial que colocó a la categoría 1 en$98,571.88 pesos; la II en 114,246.88 pesos y la número III en 131,250.00 pesos.
El presidente de la Asociación de Defensores Públicos, Gustavo de los Santos Villa, asevera queno se les ha dado respuesta a su demanda de un sistema de pensión como el del Poder Judicial y otras institución del Estado, aunque dijo que sí están afiliados al fondo de pensiones que poseen los empleados privados.
En los casos de corrupción
Diez defensores públicos representan a igual número de acusados en los cuatro grandes casos de presunta corrupción administrativa en el tren gubernamental, según la ONDP, que rechazó ofrecer los nombres de los imputados.
En el que corresponde al grupo de militares y policías señalados en la supuesta estafa de 4,500 millones de pesos al Estado a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), seis están representados por defensores públicos; en el expediente, cuyo principal imputado es el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, tiene dos; en el que están los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, uno, y en el que encabezan los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, tres.
Un defensor público que lleva un caso, lo concluye en toda las instancias judiciales que corresponda, informó De los Santos Villa.
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