Asimismo, el artículo 144 de esa ley prohíbe arrojar «desechos y otras materias análogas» en la vía pública, sancionando esta práctica con el pago de un salario mínimo del sector público.

En el caso de zonas para carga y descarga, los conductores deben respetarlas, pero estas deben estar debidamente establecidas por el ayuntamiento, mediante señalización oficial.

Justificaciones

Un ejemplo entre cientos se encuentra en la avenida Barney Morgan (La Central), entre los sectores 24 de Abril y ensanche Espaillat, en el Distrito Nacional, donde encontrar un espacio libre resulta casi imposible. Casi todos los comercios bloquean su frente con diversos obstáculos.

Uno de ellos es Moli Muebles, donde se colocan tres conos para impedir el estacionamiento a lo largo de toda la fachada. Su encargada, Inocencia Coste, afirma que nunca han recibido la visita de ninguna autoridad para abordar el tema.

«Los ponemos porque los empleados y los dueños tienen vehículos. Cuando llegan, se estacionan y quitamos los conos. No es el día entero», explica.

Más adelante, en la Lavandería Reyes, una empleada cuenta que el dueño colocó bloques de concreto en el pavimento para garantizar espacio a sus clientes.

Leidy Núñez, trabajadora de una tienda de antigüedades en la misma zona, narra que su jefe tomó medidas similares tras enfrentamientos con residentes del caserío ubicado detrás del local.

Una práctica común entre comercios es colocar vehículos a ambos lados del local, dejando libre el espacio del medio, pero insuficiente para que otro carro se estacione.

La Digesset y el ayuntamiento

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tiene la responsabilidad de evitar obstrucciones en la vía pública, mientras que a los ayuntamientos les corresponde velar por el uso adecuado de las aceras. La Ley 176-07 faculta a los cabildos para dictar ordenanzas sobre tránsito y estacionamiento.

Esta ley también califica como infracción muy grave el impedir que otra persona utilice un espacio público o deteriorarlo, con multas que oscilan entre cinco y 100 salarios mínimos.

La Ordenanza 1/2021, del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), prohíbe toda forma de obstaculización, estrechamiento, fragmentación o modificación de aceras frente a propiedades. El objetivo es garantizar un recorrido peatonal seguro y continuo.

José Sanz, director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos del ADN, afirma que su departamento trabaja a diario retirando obstáculos y responde prioritariamente a denuncias ciudadanas.

«Les damos prioridad a las personas que presentan una queja, porque son situaciones más apremiantes que las que encontramos al pasar», aclara.

A pesar de los marcos legales, durante décadas muchos propietarios han ocupado aceras para ampliar sus casas o instalar escaleras, sin intervención de los ayuntamientos. En sectores como el ensanche Espaillat, esto se ha convertido en norma: lo que eran pasos peatonales ahora son galerías, y en las estrechas calles se mezclan vehículos y peatones.

La invasión ha sido tal, que incluso algunas escaleras metálicas en forma de caracol están ancladas directamente en la calle.

En otras zonas de la capital, numerosas empresas delimitan sus estacionamientos con líneas naranjas sobre las aceras, como si estas les pertenecieran, obligando a los peatones a caminar por la calle.

A pesar de su ilegalidad, esta práctica se ha normalizado en todo el país, con consecuencias para la movilidad, la seguridad peatonal y el acceso equitativo al espacio público.