La adjudicación fue sustentada en el nivel de especialización de la empresa, su reputación internacional y su experiencia previa ofreciendo servicios de alto nivel.

El Gobierno también consideró que los servicios a contratar implican el manejo de información «altamente confidencial, sensible y privilegiada», así como que el proveedor sea de confianza, ostente conocimientos técnicos y amplia experiencia en el tema.

Entre los aspectos valorados de DGA Group Government Relations LLC se encuentra la sólida trayectoria profesional y el elevado posicionamiento estratégico de sus socios, cuya experiencia y competencias técnicas constituyen un valor agregado para los fines perseguidos mediante la presente contratación», destaca el informe de adjudicación.

La justificación jurídica de la contratación cita el artículo 6 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, que en su párrafo, inciso 2, establece que se considera un caso de excepción «la realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas, o restauración de monumentos históricos, cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo».

La propuesta de la compañía

La firma DGA Group Government Relations LLC elaboró una propuesta, de la mano de las autoridades nacionales, enfocada en cinco aspectos clave:

• Fortalecimiento de la relación bilateral entre República Dominicana y el Gobierno del presidente Donald Trump.
• Supervisión del cumplimiento de las tareas pendientes en el área de trata y tráfico de personas, conforme a los compromisos asumidos con el Departamento de Estado para el 2025.
• Implementación de una política y práctica consistente frente a los medios de comunicación interesados en República Dominicana y Haití.
• Movilización de apoyo de la comunidad internacional frente a la crisis política y de seguridad en Haití.
• Asesoría a la fuerza pública para el debido cumplimiento de la Enmienda Leahy.

Con respecto a estrechar las relaciones con la administración republicana, la entidad destacó que la seguridad y la lucha contra el narcotráfico son prioridades de la administración Trump, y representan dos de los sectores más financiados dentro del esquema de cooperación estadounidense; por lo tanto, «áreas con gran potencial de crecimiento».

«El espectro de colaboración en seguridad, lucha contra el narcotráfico y estabilidad regional permitiría no solo afianzar la relación bilateral, sino también generar aliados clave dentro del ecosistema gubernamental de Estados Unidos», indica la propuesta.

Según el documento, República Dominicana se encuentra en la Lista de Observación de Categoría dos de los parámetros establecidos en la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata del Congreso estadounidense (TVPA, por sus siglas en inglés).

La empresa precisa que, si el país baja de categoría (siendo la tres la inferior), podría enfrentarse a serias repercusiones internacionales, como reducción o suspensión de asistencia no humanitaria y no comercial por parte de Estados Unidos, y deterioro de la reputación internacional.

En este sentido, destacan que se enfocarán en la implementación de reformas estratégicas que lleven al país a un mejor posicionamiento en el TVPA.

Crisis haitiana

República Dominicana ha sido duramente criticada a nivel internacional por las repatriaciones impulsadas por el presidente Luis Abinader, como parte de las medidas que buscan mitigar el impacto de la crisis haitiana en el país.

Parte de los principales cuestionamientos involucran el protocolo hospitalario de identificación de extranjeros, por el cual han sido deportadas cientos de haitianas embarazadas o lactantes.

Para mejorar el tratamiento mediático del tema, la DGA plantea que «antes de responder a cualquier petición de información por parte de periodistas o medios de comunicación influyentes, DGA evaluará los ángulos de la cobertura y la trayectoria del medio». «Este análisis permite anticipar puntos de interés y preparar respuestas consistentes con las preocupaciones del Estado dominicano».

Para centralizar la información, la DGA también proporcionará al Gobierno insumos para responder de manera efectiva, ya sea con declaraciones oficiales (on-the-record), información en segundo plano (background) o comentarios no atribuibles (off-the-record).

«Este proceso busca asegurar que cualquier comunicación con la prensa refuerce mensajes clave de República Dominicana sin exponerse innecesariamente a riesgos mediáticos», dice el documento.

Como políticas, la empresa aseguró que mantendrá un diálogo constante con el Departamento de Estado, el Congreso estadounidense y otras agencias clave para priorizar la seguridad fronteriza, la estabilidad regional y el apoyo a República Dominicana en el marco de la crisis haitiana.

En materia de seguridad, la entidad ofrecerá asesoría técnica a la fuerza pública dominicana (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) para fortalecer su cumplimiento con la Enmienda Leahy, una disposición que prohíbe la asistencia del Gobierno americano a unidades militares o policiales extranjeras implicadas en violaciones graves a los derechos humanos.

Esto tiene el propósito de «evitar restricciones en cooperación de seguridad y financiamiento militar de Estados Unidos, garantizando la continuidad de programas esenciales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado».

¿Qué hace la empresa?

DGA Group Government Relations LLC es una firma global de asesoría, especializada en ayudar a empresas y organizaciones a proteger y hacer crecer sus activos en entornos complejos y altamente regulados.

Según la información extraída de su página web, ofrece servicios integrales que incluyen relaciones gubernamentales, manejo de crisis, inteligencia de negocios, análisis geopolítico, diplomacia comercial, asesoría en sostenibilidad y diseño de políticas regulatorias.

La empresa combina experiencia en sectores público, privado y social para guiar a sus clientes en la navegación de políticas públicas, gestión de reputación y transacciones de mercado, con presencia en Washington D.C., Nueva York, Beijing, Shanghái y Dubái.

¿Quiénes llevarán el proceso?

Entre los principales directivos de este grupo se encuentran:

• José Miguel Vivanco: Uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos en América Latina. Cuenta con más de 30 años de experiencia en promoción del estado de derecho, litigio estratégico e investigaciones en derechos humanos. Fue director para las Américas de Human Rights Watch durante tres décadas y fundador del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En DGA Group asesora a empresas y gobiernos en temas de derechos humanos, estándares laborales y manejo de riesgos en cadenas de suministro. Es también investigador asociado en el Council on Foreign Relations y ha sido profesor en universidades como Georgetown y Johns Hopkins. Ha recibido la medalla Goler T. Butcher por sus contribuciones al derecho internacional de los derechos humanos.
• Andrés García: Especialista en comunicaciones de disputas y respuesta a crisis, con experiencia asesorando a gobiernos y corporaciones en situaciones complejas, incluyendo procesos de bancarrota, crisis humanitarias y ataques cibernéticos. Ha trabajado en consultoría global y ha sido consejero estratégico para líderes políticos en Colombia.
• Jorge Guajardo: Amplia experiencia en relaciones gubernamentales y estrategias de mercado en China y América Latina. Fue embajador de México en China y cónsul general en Austin, Texas. Tiene formación en Servicio Exterior por Georgetown y una maestría en Políticas Públicas por Harvard.
• Martín Rodríguez Rodríguez: Asociado senior especializado en abogacía y relaciones internacionales, con experiencia asesorando a empresas Fortune 500 en riesgos políticos y regulatorios, especialmente en política energética. Es graduado de Harvard y de la Universidad Simón Bolívar.