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La Camipe afirma que cambios en los contratos implicaría un riesgo para la seguridad jurídica del país
Martín Valerio, director ejecutivo de Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), posterior a señalar que no existe «ningún mito» alrededor de la firma de los contratos de explotación minera, llamó a tener cuidado con los cambios contractuales.
«No puede ser que cada vez que los commodities (materias primas como el oro) se muevan a nivel internacional vamos a revisar los contratos. Eso no solo afecta al sector minero, porque si revisan a un solo sector, entonces vamos a tener que revisar todo lo otro, y eso no estaría bien», consideró Valerio.
Al hablar en el panel «Un propósito compartido: construyendo consenso», organizado por la Camipe en el marco de la presentación del documento técnico «Una nueva ley minera: reglas claras para el desarrollo de la República Dominicana», advirtió que abocarse a modificaciones contractuales representaría un riesgo de seguridad jurídica para las empresas que deseen invertir.
«Tenemos que garantizar la seguridad jurídica para las empresas. Y eso no implica que, como empresa privada, haremos los que nos dé la gana, pero simplemente se hace lo que diga la ley», declaró.
Limbo administrativo
El presidente de la Cámara Minera, Pedro Esteva, aprovechó sus palabras de apertura en el evento para denunciar que, en la actualidad, en el país hay 287 solicitudes de exploración detenidas en un limbo administrativo.
Resaltó que, en los primeros tres trimestres de 2025, la minería reinvirtió 556 millones de dólares como inversión extranjera directa, equivalente a 14 % del total nacional en ese período.
«Cada expediente detenido es una oportunidad perdida para que el país demuestre que puede atraer inversión de alta calidad, bajo reglas estrictas, pero eficientes. En una legislación moderna, si una empresa cumple, el proyecto avanza, y si no, el Estado debe tener la facultad inmediata de sancionar o detener por decisión técnica motivada y con debido proceso. La seguridad jurídica nace de esa certeza», puntualizó.
Propuesta de ley
El sector minero, agrupado en la referida entidad, aboga por la actualización del marco legal. A través de una modificación a la Ley Minera de 1971, la Camipe propone en la parte fiscal un sistema estable que asegure la recaudación estatal sin asfixiar financieramente a las entidades con cargas excesivas del 80 %.
En cuanto al cierre de las minas, la organización plantea pasar de la presentación técnica de planes de cierre y remediación a la creación de una figura jurídica con fondos garantizados desde el primer día, lo que a su juicio asegura recursos para la restauración ambiental y evita pasivos futuros.
Además, propone pasar de la aplicación de sanciones administrativas dispersas a la filosofía de que «el que no cumple, no opera», sugiriendo la pérdida de licencia ante incumplimientos graves.
«La licencia minera deja de ser un derecho adquirido para convertirse en un privilegio condicionado«, señala la propuesta.
Sobre el pago del 5 % al Estado central, que la Cámara afirma que a menudo se diluye, plantea la ejecución a través de una herramienta o figura jurídica que administre la inversión en obras directas en favor de la comunidad.
Joel Santos
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, al finalizar la actividad, comunicó que el Gobierno ya cuenta con un borrador de proyecto de ley minera, con el objetivo de introducirla en la legislatura que empieza el próximo 27 de febrero.
«Es una iniciativa del Poder Ejecutivo (la modificación a la ley). El gobierno viene trabajando en ese proyecto y Camipe, trabajando de la mano con nosotros, está proponiendo cuáles son los aspectos que entiende importante. Ya tenemos un borrador y estamos empezando a discutir con todos los actores esa propuesta de proyecto de ley», precisó Santos.
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