El senador Pedro Catrain, quien preside la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, informó este miércoles, durante la primera reunión del equipo en la nueva legislatura, que el proyecto de ley será analizado a partir de la próxima semana, cuando la comisión revise todas las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados.

Dos días antes de finalizar la legislatura anterior, el 24 de julio, el Senado estuvo a punto de aprobar la iniciativa en única discusión, pero detuvo el proceso ya que la pieza sufrió algunas modificaciones en la Cámara Baja. En aquella sesión, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, prometió que en la actual legislatura se avanzaría con la propuesta.

Medidas anunciadas

La pieza dispone, en su artículo 190, que durante una década no podrán emitirse nuevas licencias para bancas de loterías. La única excepción serán los casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros.

Además de frenar la expansión del sector, el proyecto endurece las sanciones contra las operaciones ilegales y, en ese sentido, el artículo 161 establece penas de uno a dos años de prisión para quienes operen sin licencia o fuera de los lugares autorizados, mientras que los artículos 162 y 163 contemplan condenas de hasta diez años de cárcel para infracciones más graves, como el uso de testaferros o la ocultación de ganancias.

La nueva legislación también crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo encargado de regular, supervisar y sancionar las actividades del sector.

Impacto económico

En el ámbito digital, el artículo 78 de la ley fija un impuesto del 10 % sobre las ventas brutas de los juegos por internet y faculta a las autoridades a bloquear dominios y direcciones IP de plataformas que operen sin autorización en el país.

Asimismo, el proyecto ordena la creación de un Sistema Único de Registro para concentrar la información de las apuestas y fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos.

Como parte de las medidas de regulación, el artículo 26 de la normativa en estudio dispone que los locales de apuestas no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias, mientras que, en el caso de las bancas de lotería, esa distancia se reduce a 200 metros.

Además, la ley también establece que las máquinas tragamonedas deberán devolver a los jugadores al menos el 85 % de lo apostado, según el artículo 72, y limita a 15 la cantidad máxima de estas máquinas por banca de apuestas deportivas.

Originalmente, la pieza era autoría del Poder Ejecutivo, pero perimió por la falta de aprobación oportuna y fue reintroducida por algunos senadores. Si no se aprueba antes de enero de 2027, la iniciativa caducaría otra vez.