El TC ordenó a la Policía pagarle a Willis Darío Salazar Jiménez un millón ciento cuatro mil pesos por el astreinte acumulado. Ese dinero es distinto de los salarios atrasados. Corresponde a los dos mil pesos diarios que el tribunal había fijado para presionar a la institución a cumplir la sentencia.

La corte calculó 552 días, desde que la Policía recibió el fallo, el 11 de octubre de 2024, hasta el 16 de abril de 2026, cuando Salazar pidió que se determinara lo acumulado.

La sentencia TC/0425/24, dictada el 11 de septiembre de 2024, ordenó reintegrar a Salazar a la Policía en el rango que tenía al ser cancelado y pagarle los salarios dejados de percibir desde su desvinculación hasta su reintegro.

La Policía lo reintegró el 29 de mayo de 2025, pero el TC no encontró pruebas de que hubiera cumplido con el pago de los salarios y demás derechos derivados de su desvinculación. La institución tampoco presentó un escrito de defensa ni pruebas de cumplimiento ante la solicitud de liquidación.

• El TC recordó que sus decisiones son obligatorias para todos los poderes públicos. Señaló que «con la sola notificación de la Sentencia TC/0425/24, resulta suficiente para que la Policía Nacional dé cumplimiento a lo dispuesto por este tribunal».

En el considerando siguiente, la alta corte describió así la conducta de la institución:

«Lo anterior evidencia una actitud reticente por parte de la Dirección General de la Policía Nacional frente al cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia TC/0425/24, conducta que resulta incompatible con el deber de acatar las decisiones jurisdiccionales firmes y que compromete la seguridad jurídica, así como el principio de justicia pronta y oportuna«.

El tribunal agregó que la ejecución de las sentencias «constituye una manifestación esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso«.