El comunicado, firmado por las empresas Altice, Claro, Wind Telecom, Onemax, Phoenix Tower International y Teletorres del Caribe S.A.S.

Comtec, que agrupa a concesionarios y empresas de infraestructura debidamente registradas y reguladas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), expresó en un espacio pagado en la edición impresa de Diario Libre, su profunda preocupación por lo que califica como un modelo de gestión que asignaría el control total de la red a un solo operador, en contravención de principios como la libre competencia, la neutralidad tecnológica y la coexistencia de redes.

Además de que eleva «innecesariamente» los costos para los usuarios.

Restricciones vigentes desde 2019

Comtec señaló que desde hace más de cinco años las empresas del sector han enfrentado barreras para desplegar infraestructura en Ciudad Juan Bosch, pese a inversiones importantes y al servicio ofrecido a más de 7,000 hogares.

La organización sostiene que dichas restricciones han favorecido la entrada de operadores informales y servicios no autorizados, sin supervisión ni garantías de calidad, en perjuicio de los residentes del proyecto.

Preocupaciones legales y económicas

La asociación también denunció la falta de cumplimiento del marco legal y regulatorio, señalando que la ausencia de respeto a las normativas vigentes crea un entorno de inseguridad jurídica, afecta el adecuado funcionamiento de las empresas formales y debilita los incentivos para la inversión privada.

Según el comunicado, esta situación envía un mensaje negativo a inversionistas locales e internacionales y pone en riesgo la competitividad del país.

En el plano económico, Comtec alertó que la licitación impone pagos recurrentes de hasta US$12.00 mensuales por usuario, por concepto de operación, configuración y mantenimiento.

La asociación calificó esta medida como un encarecimiento artificial del servicio, contrario a la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, y perjudicial especialmente para sectores de bajos ingresos, profundizando la brecha digital.

Observaciones técnicas

Comtec indicó que el diseño del proyecto no contempla redundancias ni mecanismos de respaldo que garanticen la continuidad del servicio ante fallas.

También criticó que al asignar la infraestructura a un solo operador se elimina la relación directa entre prestadora y cliente final, lo que comprometería la calidad del servicio, la atención a reclamos y la supervisión de Indotel.

Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de que otras empresas habilitadas operen sus propias redes en condiciones de desigualdad, lo que vulneraría sus derechos y limitaría la innovación tecnológica.

Propuesta de solución

La organización propuso un esquema de infraestructura pasiva compartida, bajo principios de neutralidad y acceso equitativo. También sugirió abrir el proceso a todas las empresas con concesiones reguladas, garantizar un marco jurídico transparente y aplicar de forma estricta la Ley 153-98 y su reglamentación derivada.

Llamado a las autoridades

Finalmente, COMTEC exhortó al Fideicomiso VBC RD, a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a las autoridades competentes a revisar el proceso, garantizar el respeto al marco legal y asegurar que las políticas públicas de conectividad se formulen con criterios técnicos.

«El entorno normativo claro, predecible y justo no solo protege al consumidor, sino que es esencial para fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversión y consolidar un sector de telecomunicaciones moderno, competitivo y sostenible», concluye el comunicado.