En la sentencia TC/1017/26, la corte liquidó en 630,000 pesos la astreinte acumulada por la Fiscalía del Distrito Nacional al incumplir esa orden, dictada en noviembre de 2025. El monto corresponde a 126 días de retraso, a razón de 5,000 pesos diarios, y seguirá aumentando hasta que los bienes sean devueltos.

En otra sentencia, la misma corte ordenó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía del Distrito Nacional devolver una pistola que el Ministerio Público había rechazado entregar a su propietario. La Fiscalía negó la devolución en 2017, después de que el arma fuera retenida tras una denuncia de violencia de género e intrafamiliar.La primera orden de devolución favoreció a Omar Domingo Montilla Silverio, cuyos bienes fueron ocupados en un allanamiento en noviembre de 2019, durante una investigación contra una red de lavado de activos y narcotráfico. Montilla no figuraba como parte del proceso. Entre los bienes que el TC mandó devolver había relojes, prendas, zapatos, documentos personales, 66,047 pesos y 25,062 dólares.

Al liquidar la astreinte, el TC afirmó que no encontró pruebas de que la Fiscalía hubiera cumplido la orden y calificó su conducta de reticente. La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional tampoco presentó defensa en el proceso para liquidar la sanción, aunque fue notificada.

En el caso del arma, la mayoría del TC concluyó que no se había acreditado un proceso penal abierto ni una medida de coerción que justificara mantenerla retenida. La Procuraduría no respondió dos solicitudes de información de los jueces sobre el estado del caso.

Interior y Policía verificará la devolución

La devolución deberá tramitarse a través del Ministerio de Interior y Policía, que verificará si el propietario cumple los requisitos para obtener la licencia. La PGR y la Fiscalía tienen un mes para entregar el arma al ministerio. Si incumplen ese plazo, deberán pagar 1,000 pesos por cada día de retraso. Interior y Policía tendrá hasta tres meses desde que reciba la pistola para completar la verificación.

La liquidación se suma a otros casos de incumplimiento de órdenes para devolver bienes incautados. En julio, una jueza ordenó a la Procuraduría General de la República pagar más de 7.5 millones de pesos a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en el caso Intrant, porque todavía no le había entregado un celular Samsung.