La medida fue presentada por la Oficina de Administración de Personal (OPM) a través de un borrador publicado el martes en el Registro Federal, donde se argumenta que la iniciativa busca combatir las filtraciones de información gubernamental a medios de comunicación.

Según el documento, la agencia considera que implementar un acuerdo de confidencialidad uniforme para todas las dependencias federales ayudaría a «proteger mejor la información sensible» y garantizaría mayor coherencia dentro del gobierno.

La propuesta surge luego de varias filtraciones relacionadas con decisiones internas del gobierno federal, incluyendo reportes sobre intentos de facilitar despidos de empleados públicos.

«Tales revelaciones corren el riesgo de inhibir la retroalimentación franca entre agencias, perturbar la toma de decisiones ordenada y debilitar la confianza tanto dentro de las agencias federales como entre ellas», señala el borrador que se publicó originalmente en inglés en NBC News.

Podrían enfrentar sanciones civiles y penales

El documento advierte que tanto empleados actuales como antiguos trabajadores federales podrían enfrentar sanciones civiles e incluso penales si violan los acuerdos de confidencialidad.

No obstante, la propuesta aclara que los empleados seguirían protegidos por las leyes federales de denuncia de irregularidades y podrían compartir información con el Congreso, inspectores generales u otras entidades autorizadas bajo la Ley de Protección de Denunciantes.

La medida ya comenzó a generar críticas entre sindicatos y defensores de denunciantes dentro del gobierno federal.

«Intentan intimidar a empleados», advierten críticos

Mark Zaid, abogado y cofundador de la organización Whistleblower Aid, afirmó que aunque el acuerdo no crea nuevas restricciones legales, sí podría utilizarse para intimidar a trabajadores federales y frenar filtraciones que resulten embarazosas para la administración.

«Parecería que este nuevo esfuerzo tiene únicamente el propósito de intentar infundir miedo e intimidar a la fuerza laboral», sostuvo.

Por su parte, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, aseguró que el sindicato se opondrá a la medida y acusó a la OPM de intentar «silenciar» a los empleados públicos.

«Los empleados federales no renuncian a sus derechos protegidos por la Primera Enmienda al aceptar un empleo federal«, expresó Kelley en un comunicado.

Trump ha combatido las filtraciones desde su primer mandato

Durante años, Trump ha mantenido una postura agresiva contra las filtraciones dentro del gobierno federal y frecuentemente ha criticado a quienes divulgan información interna a la prensa.

La administración también ha impulsado investigaciones para identificar fuentes de filtraciones dentro de agencias como el Buró Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Defensa.

El director de la OPM, Scott Kupor, defendió la propuesta argumentando que los acuerdos de confidencialidad son habituales en el sector privado para empleados que manejan información sensible.

«Los ciudadanos estadounidenses deben tener la certeza de que sus datos personales y la información gubernamental delicada se gestionan de manera responsable», afirmó.

La propuesta será publicada oficialmente este miércoles, dando inicio a un período de 30 días para comentarios públicos antes de que las agencias federales decidan si implementarán o no la medida.