—¿Qué es Justicia Sin Fronteras y por qué decide involucrarse en este caso?

Somos una fundación de reciente incorporación. Apenas dos días antes de interponer la acción recibimos nuestra certificación de incorporación de parte de la Procuraduría General de la República.

Todos los temas y situaciones que pongan en entredicho la institucionalidad democrática, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho en República Dominicana serán encarados por nuestra organización.

Llegará el momento en que Justicia Sin Fronteras se constituya como actor civil para perseguir actos de corrupción administrativa y enfrentar cualquier situación que lesione los intereses nacionales.

—¿Cuáles expectativas tiene con respecto al proceso?

Nuestra principal expectativa es que el Tribunal acoja el recurso contencioso electoral interpuesto por Justicia Sin Fronteras contra el reglamento de la JCE del 22 de mayo de 2026, que regula la emisión y publicación de encuestas.

¿Qué le motivó a presentar ese recurso?

Procuramos promover el pluralismo democrático, la transparencia institucional, la defensa del inmigrante y la ética en el ejercicio de la función pública.

Entendimos que el reglamento emanado de la JCE contraviene el orden democrático existente y desconoce las luchas que libró la sociedad dominicana para consolidar la democracia de la que hoy disfruta.

Por esa razón decidimos impugnar esta disposición y seguiremos haciéndolo cuando consideremos que una actuación no se ajusta al orden legal vigente.

—¿Cómo considera que este reglamento afecta el orden institucional?

Existe un principio de separación de poderes establecido por la Constitución dominicana. Además, el artículo 212 delimita claramente las facultades de la JCE.

Por otro lado, el artículo 49 de la Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información. Entendemos que ese derecho resulta vulnerado por este reglamento.

—¿Cómo afecta la prohibición de publicar encuestas?

Las encuestas permiten conocer la valoración que tiene la ciudadanía sobre los aspirantes políticos y ofrecen información sobre quiénes tienen mayores posibilidades de alcanzar posiciones de poder, incluyendo la Presidencia.

—Ante la llamada «eterna precampaña» que vive el país, ¿no sería razonable limitar las encuestas hasta una fecha más cercana a las elecciones?

Eso podría discutirse sin inconvenientes. Sin embargo, la ley no lo prohíbe. Y aquello que la ley no prohíbe está permitido.

Donde la ley no regula, la Junta no puede regular. Más aún si ello implica alterar el orden constitucional.

El artículo 216 de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral establece que las encuestas no podrán divulgarse únicamente durante los ocho días previos a las elecciones.

Todo lo que vaya más allá de esa disposición deviene nulo. La Junta asumió una facultad que la ley no le otorgó y el artículo 73 de la Constitución establece que todo acto emanado de una autoridad usurpada es nulo de pleno derecho.

—Usted también cuestiona el papel de los partidos políticos en este proceso.

Sí. Entendemos que la Junta adoptó esta medida con el respaldo de los principales partidos políticos.

Todos participaron en las consultas realizadas para aprobar el reglamento. Las actas no reflejan una oposición formal de los grandes partidos.

A nuestro juicio, cada organización evaluó la conveniencia de las encuestas según su posición política del momento.

—Usted ha dicho que la Junta «no ha sabido cómo salir de este pantano». ¿A qué se refiere?

Nosotros presentamos la acción y no la compartimos con ningún medio de comunicación. La única institución que recibió formalmente el recurso fue la Junta Central Electoral.

Sin embargo, fue la propia Junta la que terminó divulgando la existencia de la acción a través de sus mecanismos institucionales.

Además, durante la audiencia no promovió incidentes dirigidos a procurar la inadmisión del recurso, algo que suele ocurrir en este tipo de procesos. Tampoco presentó, a nuestro entender, argumentos sólidos para defender el reglamento.

—¿Para cuándo espera una sentencia?

No puedo ofrecer una fecha precisa.

Sin embargo, de acuerdo con las consultas realizadas y el estado procesal del expediente, entendemos que la decisión podría emitirse en los próximos días.

—¿Cuándo comenzó la Junta a trabajar este reglamento?

Según manifestó la propia Junta durante la audiencia, el reglamento se venía trabajando desde 2021.

Nosotros no teníamos conocimiento de esa información. Sin embargo, aun si fuera cierto, la Ley 20-23 fue promulgada luego y tiene una jerarquía superior.

La ley no prohíbe la publicación de encuestas más allá de los ocho días previos a las elecciones. Por tanto, cualquier disposición reglamentaria que contradiga esa norma queda desplazada.

—¿Cómo explica que los partidos aceptaran una restricción de este tipo?

Esa es una pregunta que corresponde responder a los propios partidos.

Lo que sí sabemos es que participaron en el proceso de consulta convocado por la Junta y que no consta una oposición formal de las principales organizaciones políticas.

—Algunas personas podrían interpretar este recurso como una acción con motivaciones políticas. ¿Qué responde?

No existe ningún interés oculto.

Nuestro interés es contribuir al fortalecimiento de la democracia dominicana.

Antes formábamos parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero presentamos nuestra renuncia. Actualmente no tenemos vínculos con ninguna organización política ni interés en formar parte de ellas.

—Usted planteó una solicitud de medidas cautelares basada en el «peligro en la demora» y la «apariencia de buen derecho«. ¿En qué consisten esos conceptos?

La solicitud cautelar buscaba suspender de manera urgente la aplicación del reglamento.

El peligro en la demora consiste en que podrían existir empresas encuestadoras realizando estudios actualmente y que, debido a la prohibición y a las sanciones previstas, no puedan publicar sus resultados.

Eso impediría que la ciudadanía conozca cómo evoluciona el escenario político y podría generar ventajas o desventajas indebidas para determinados actores.

La apariencia de buen derecho significa que la acción principal tiene fundamentos jurídicos razonables y argumentos suficientes para ser acogida.

No obstante, el tribunal decidió fusionar ambos recursos, lo que indica que no otorgó a la medida cautelar el carácter de extrema urgencia que planteamos.

—¿Cuánto suelen durar este tipo de procesos?

Según nuestra experiencia, un caso de esta naturaleza puede tardar entre tres semanas y un mes para ser fallado.

Sin embargo, actualmente el Tribunal Superior Electoral tiene una carga procesal reducida, por lo que entendemos que la decisión podría producirse en menos tiempo.

—Si la Junta trabajaba este reglamento desde 2021, ¿por qué no lo adecuó a la Ley 20-23 cuando esta entró en vigor?

Esa es una explicación que debe ofrecer la propia Junta.

Puede tratarse de una justificación sin sustento o de una interpretación equivocada de sus facultades.

Lo cierto es que toda ley, especialmente una ley orgánica, deroga cualquier reglamento o disposición que le resulte contraria.

Además, el reglamento que alegan haber trabajado desde 2021 no ha sido mostrado públicamente.

Eso genera interrogantes. Resulta difícil entender cómo un reglamento de alcance relativamente limitado tardó tantos años en elaborarse, especialmente cuando la ley que supuestamente busca desarrollar ni siquiera existía en ese momento.