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El Estado dominicano demandó a la empresa ante el TSA por incumplimiento y violaciones contractuales
Durante una conferencia de prensa para hablar sobre el impacto del sector minero en la economía nacional, Santos puntualizó que hay que esperar el avance del proceso legal iniciado por el Estado contra Falcondo y paralelamente la búsqueda de una solución para esa compañía minera.
Recientemente Diario Libre publicó la información de que el Estado, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), demandó ante el Tribunal Superior Administrativo la rescisión del contrato de concesión minera con Falcondo, suscrito hace casi 70 años.
En la demanda, interpuesta el 22 de julio de 2025, el Fonper imputa a Falcondo haber violado el contrato y de causar daños ambientales al país superior a los 25 millones de dólares.
- «El principal interés del Gobierno siempre será la parte social y de impacto que tiene en las comunidades, entendiendo la importancia que tiene esta minera para la provincia Monseñor Nouel y zonas aledañas», declaró el funcionario.
Resaltó que el sector minero continúa consolidándose como uno de los pilares de la economía nacional, aportando más de 20 mil millones de pesos en recaudaciones fiscales en los primeros siete meses de 2025.
De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, las minas y canteras aportarían ingresos al Gobierno por encima de los 30 mil millones de pesos, superando las proyecciones fijadas en torno a los 13 mil millones de pesos.
Durante el encuentro con la prensa, el ministro estuvo acompañado por el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Pedro Esteva; el director de Minería, Rolando Muñoz; Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, entre otros ejecutivos y funcionarios del sector.
Modernizar legislación
Joel Santos subrayó que está en proceso de discusión en el Congreso Nacional la Ley de Minería 146-71, con el propósito de modernizar y fortalecer el marco legal del sector»La modernización de la Ley 146-71 será clave para seguir impulsando una minería responsable, sostenible y alineada con los estándares internacionales. Su actualización permitirá consolidar un régimen más claro y eficiente para las inversiones, reforzar la seguridad jurídica y garantizar mayores beneficios para el Estado y las comunidades», explicó.
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