Los representantes legales del cantante y de Díaz, también ministra de Trabajo, estaban convocados este martes en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella.

La vicepresidenta se ha negado a retractarse de esos comentarios, que el cantante considera injuriosos, al no reconocer que hayan supuesto un daño reputacional ni al honor de Julio Iglesias y al entender que no se ha vulnerado su presunción de inocencia, informaron a EFE fuentes jurídicas.

Al no haber conciliación, el siguiente paso es la interposición de una querella contra Díaz por los delitos de injurias y calumnias, que se presentará ante esa instancia judicial superior porque está aforada por ser miembro del gobierno, indicaron a EFE las fuentes consultadas.

El cantante Julio Iglesias presentó en febrero una demanda de conciliación contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por los comentarios de carácter «injurioso y calumnioso» que ésta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales, y que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Contexto y antecedentes de la denuncia y declaraciones públicas

En su escrito al tribunal de instancia de Madrid, el cantante solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificase sus manifestaciones y le indemnizara con el importe en el que se fijen «los daños causados en función de la difusión alcanzada».

Todo ello por las declaraciones que Díaz realizó, al conocerse la denuncia contra Iglesias, en la red social Bluesky el pasado 13 de enero, y también al día siguiente en una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’, en RTVE.

«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», decía Díaz en Bluesky.

En sendos medios, indicaba el abogado, «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (…) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos».

El archivo de la denuncia

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por falta de competencias, ya que los hechos denunciados -que también reveló Univisión Noticias– se habrían cometido en países del Caribe.