Sin embargo, solo ocho fueron enviados a prisión preventiva. Los demás, incluido el señalado como ejecutor, recibieron medidas de coerción más leves, como presentación periódica.

Uno de los finalmente descargados relata que, a pesar de haber sido exonerado en audiencia preliminar, no ha logrado reintegrarse laboralmente. Imputado por asesinato, ahora trata de completar toda la documentación necesaria para limpiar su nombre. Ya posee el auto de descargo, la certificación de devolución de su vehículo y el documento de apelación.

«Esa gente (el Ministerio Público) me hizo un daño sicológicamente, familiarmente y moralmente. Esa gente me destrozó mi vida (…) Hace tres años y lo estoy sufriendo», asegura el joven, que optó por no revelar su identidad.

Normas incumplidas

En 2013, el entonces procurador general Francisco Domínguez Brito remitió una carta a la Policía Nacional y a la Dirección Nacional de Control de Drogas instándoles a no divulgar fotografías ni nombres de personas detenidas durante la fase de investigación.

Sustentó la solicitud en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala: «La fase de investigación no es pública para los terceros.

Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas, tienen la obligación de guardar discreción. El incumplimiento de esta obligación es considerado falta grave«.

Una previsión similar contempla el Código Procesal Penal, que permite la difusión de informaciones solo bajo criterios excepcionales: cuando se trata de un funcionario público o delitos contra el patrimonio del Estado.

En ese caso, «los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que, a juicio del Ministerio Público, no perjudiquen la investigación ni vulneren los derechos del imputado».

En 2024, el Poder Judicial lanzó una Política de Protección de Datos, cuyo objetivo era mantener la privacidad de los detenidos y evitar condenas sociales anticipadas. El documento sugería limitar la exposición de identidades hasta que hubiera una sentencia definitiva, salvo en procesos con interés público evidente.

Sin embargo, la propuesta provocó controversia en sectores de la prensa, que la vieron como una amenaza a la libertad de información. Tras consultas con gremios periodísticos y organismos judiciales, se elaboró una versión revisada, actualmente en manos del Pleno del Consejo del Poder Judicial.

Derecho  constitucional

La discreción durante la fase investigativa no solo está respaldada por leyes orgánicas y procesales, sino también por la Constitución de la República Dominicana.

El artículo 44 de la Carta Magna establece que los datos recolectados por las autoridades de persecución penal solo podrán ser comunicados a los registros públicos a partir de la apertura a juicio, de conformidad con la ley.

Asimismo, el artículo 69 garantiza el derecho a la presunción de inocencia, según el cual toda persona debe ser considerada inocente hasta que una sentencia irrevocable declare lo contrario.

En los archivos del Tribunal Constitucional reposan sentencias que refuerzan esta visión. Varios exmilitares y expolicías imputados y luego descargados solicitaron su reingreso a las filas institucionales tras haber sido desvinculados sin condena alguna.

Para quienes han sido exhibidos como culpables antes de ser juzgados, la absolución legal no basta. La sospecha queda. La desconfianza persiste. La vida, como dijeron varios entrevistados, no vuelve a ser la misma.

Más que un trámite judicial, en la República Dominicana, limpiar el nombre es una lucha contra el estigma, contra la mirada pública, contra la inercia de un sistema que exhibe rápido, pero repara lento. La verdadera justicia no solo sanciona culpables: también restituye inocentes.